La Municipalidad de Funes avanzó con más de 70 excavaciones sobre el cantero central de Ruta 9 para colocar palmeras sin contar previamente con la autorización de Vialidad Nacional. La intervención terminó con una intimación dirigida al intendente Roly Santacroce, a quien el organismo nacional ordenó paralizar inmediatamente los trabajos.
El episodio cobra mayor dimensión por el dinero público involucrado. Fuentes municipales señalaron a El Occidental que las palmeras destinadas a esa intervención fueron adquiridas a razón de aproximadamente $600.000 cada una.
Con más de 70 puntos de implantación abiertos sobre el cantero central, el costo de los ejemplares involucrados supera los $42 millones.
La secuencia deja al descubierto una llamativa falta de previsión: el Municipio realizó la compra y avanzó físicamente con la intervención sobre una ruta nacional sin contar antes con la autorización necesaria para hacerlo.
Personal técnico de Vialidad detectó los trabajos durante una recorrida y constató que se desarrollaban sin autorización dentro de la zona de camino nacional. El organismo señaló además incumplimientos respecto de las normas de seguridad vial y exigió paralizar las tareas y restablecer las condiciones de seguridad del sector.
Más de $42 millones comprometidos antes del permiso
El punto excede la conveniencia o no de incorporar palmeras al paisaje de Ruta 9. Lo que queda bajo discusión es la forma en que se planificó la intervención y se administraron recursos públicos.
Antes de avanzar sobre una traza nacional, el Municipio debía contar con un proyecto ejecutivo y tramitar formalmente el permiso correspondiente ante Vialidad. Ese procedimiento no estaba cumplido cuando comenzaron las tareas.
Sin embargo, para entonces los ejemplares ya habían sido adquiridos y más de 70 excavaciones estaban realizadas.
El orden administrativo parece haber quedado invertido: primero se comprometió una inversión superior a los $42 millones, después se avanzó con la ejecución y finalmente apareció una intimación que obligó a frenar los trabajos por falta de autorización.
La situación expone desprolijidad y falta de profesionalismo en la administración del dinero público. Una intervención de estas características debería atravesar primero las instancias técnicas y administrativas necesarias, obtener los permisos y recién después comprometer fondos y comenzar su ejecución.
Vialidad responsabiliza al Municipio
La intimación agrega además otro punto sensible. Vialidad dejó establecido que la Municipalidad de Funes será responsable por los eventuales daños a personas, bienes de terceros o al propio organismo nacional que pudieran derivarse de los trabajos ejecutados sin autorización.
Así, una intervención planteada como parte de un plan de arbolado terminó colocando nuevamente la lupa sobre los mecanismos de planificación y control interno de la administración Santacroce.
La pregunta que queda abierta es elemental: ¿cómo se comprometen más de $42 millones de fondos públicos y se avanza con más de 70 excavaciones sobre una ruta nacional sin haber obtenido previamente el permiso para ejecutar la obra?
