El parque acuático de Rosario tuvo, antes de este desenlace judicial, una larga exposición al manoseo político. Fue motivo de cuestionamientos, declaraciones cruzadas y versiones que incluso trasladaron la discusión a Funes. Ahora, la Sala Quinta de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial confirmó el rechazo de la medida cautelar contra las obras de Costa Norte y declaró inadmisible la demanda presentada por concejales de Ciudad Futura, encabezados por Juan Monteverde.
La resolución representa un revés contundente para la estrategia judicial del bloque. Según los fundamentos difundidos por la Municipalidad de Rosario, el tribunal advirtió que la Justicia “no es un tercer ámbito de deliberación a disposición de las minorías ni una instancia revisora de la política”, y que admitir ese tipo de planteos implicaría “convertir a los jueces en árbitros de las disputas políticas internas”.
La controversia tuvo, en su momento, un capítulo funense. Mientras el proyecto rosarino ocupaba la agenda, desde la intendencia de Funes se alimentó la posibilidad de un parque acuático en esa ciudad. La idea ganó repercusión sin que esa exposición estuviera acompañada por las precisiones necesarias para hablar de un proyecto concreto: ubicación, inversión, financiamiento o un programa de ejecución.
Ese episodio ya forma parte de la historia política del parque. No se trató de dos proyectos definidos que competían por una inversión, sino de una obra en discusión en Rosario y una posibilidad instalada en Funes sin un sustento equivalente. La amplificación mediática de aquella versión contribuyó a darle entidad y terminó siendo funcional al posicionamiento de la intendencia funense.
El parque sirvió, así, para alimentar juegos políticos distintos: en Funes, permitió presentar una eventual oportunidad frente a la controversia rosarina; en Rosario, se convirtió en eje de una ofensiva opositora que buscó frenar las obras en los tribunales.
Sobre esa última estrategia se pronunció la Cámara. Uno de los puntos cuestionados fue que los concejales pretendieran defender judicialmente atribuciones del Concejo sin que el propio cuerpo legislativo hubiera impulsado institucionalmente el reclamo. Según la información municipal, los magistrados también señalaron que los cuatro demandantes no habían acreditado un perjuicio propio que justificara su intervención.
El tribunal observó, además, una contradicción en el alcance del pedido. Inicialmente se había solicitado paralizar toda la intervención de Costa Norte. Después, los ediles sostuvieron que sólo pretendían detener el Parque Acuático y que las demás mejoras debían continuar. Ese cambio no estuvo acompañado por una modificación formal de la demanda ni por estudios que demostraran la posibilidad de separar los trabajos.
“La licitación es una licitación que se hizo para abordar todo el sector de Costa Norte”, sostuvo el secretario de Gobierno rosarino, Sebastián Chale. El funcionario recordó que la intervención incluye la reconstrucción de la costanera, nuevas veredas y obras de desagüe, además del componente recreativo.
La Cámara también se apartó del dictamen de la Procuración de Segunda Instancia, que había recomendado admitir el recurso y que los concejales habían presentado públicamente como un respaldo a su posición. El tribunal recordó que esa opinión no era vinculante y resolvió declarar inadmisible la demanda.
Mientras tanto, los trabajos avanzan entre avenida Puccio y la bajada Escauriza. El subsecretario de Obras Públicas, Juan Manuel Ferrer, informó que el conducto Piaggio alcanzó un 70% de ejecución. La infraestructura permitirá evacuar el agua de lluvia de más de 100 hectáreas, en un área donde viven unos 24.000 vecinos.
La intervención también comprende nuevas veredas sobre la rambla, un cantero de aproximadamente 450 metros lineales y la recuperación de más de 2.400 metros cuadrados de playa en los espacios donde funcionaban Mordisco y Paradiso.
El municipio mantiene el objetivo de finalizar las obras para el inicio de la temporada de verano. Después de las versiones, el aprovechamiento político y la disputa judicial, el proyecto entra en una etapa en la que los resultados deberán medirse sobre el terreno.
