Un informe oficial del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe volvió a poner bajo la lupa el manejo de un predio público en Funes. En una respuesta enviada al Concejo Municipal, la Provincia aseguró que nunca autorizó la disposición de residuos en los terrenos de la presa de retención del arroyo Ludueña, denunció que constató la presencia de camiones de la Municipalidad descargando residuos y confirmó que amplió una denuncia penal por los hechos detectados.
El documento, fechado el 28 de mayo de 2026, responde a un pedido de informes del Concejo y deja una definición contundente: ni la Municipalidad de Funes ni ningún operador privado cuentan con autorización ambiental para utilizar ese predio como lugar de disposición de residuos.
La respuesta provincial también revela que no existen antecedentes de trámites, proyectos ni presentaciones formales para habilitar esa actividad, por lo que cualquier uso del terreno con ese fin se realizó por fuera de los procedimientos exigidos por la normativa ambiental.
Más aún, el Ministerio sostiene que el destino dado al predio es incompatible con la finalidad para la cual fue cedido a la ciudad. Los terrenos habían sido expropiados para la construcción de la presa de retención del Ludueña y posteriormente fueron entregados a la Municipalidad para uso y goce de la comunidad.
Sin embargo, según las actuaciones realizadas por las áreas técnicas provinciales, en el lugar se verificó durante años una realidad muy distinta. El organismo afirma haber constatado en múltiples oportunidades la disposición no autorizada de residuos de distinto tipo, la circulación de camiones vinculados a la Municipalidad de Funes, la quema clandestina de residuos y movimientos de equipos pertenecientes a operadores privados no habilitados.
El informe señala además que estas constataciones no son recientes. De acuerdo con la documentación oficial, existen antecedentes desde 2019 que derivaron en distintos procedimientos administrativos sancionatorios.
La situación escaló un paso más en junio de 2025, cuando la Secretaría de Ambiente remitió los antecedentes al Ministerio Público de la Acusación. Y lejos de cerrarse, el expediente sumó un nuevo capítulo este año: el 30 de marzo de 2026 el propio ministro de Ambiente amplió la denuncia penal, incorporando nuevos hechos detectados en el predio y ratificando las actuaciones ya presentadas ante la Justicia.
De esta manera, la respuesta enviada al Concejo no sólo ratifica que la Provincia jamás autorizó el uso del lugar como basural, sino que además sostiene que durante años se registraron actividades incompatibles con la normativa ambiental y que los hechos ya se encuentran bajo investigación judicial.
