El pasado 27 de agosto de 2025, un hecho insólito encendió las alarmas en Rosario. El abogado y ex juez civil y comercial Roberto Vázquez Ferreyra denunció que, luego de realizar un reclamo como consumidor en las oficinas de Personal Flow, personal de la compañía dio aviso a la policía y fue trasladado a la fuerza en un móvil, donde permaneció incomunicado durante cinco horas.
Según relató el propio Vázquez Ferreyra, en ningún momento se informó al fiscal de la situación y tampoco existía delito que justificara la detención. “Estuve prácticamente secuestrado e incomunicado en un móvil policial. Por suerte, mucha gente que vio lo ocurrido dio aviso al fiscal, quien intervino de oficio y ordenó mi inmediata libertad”, explicó.
Frente a este episodio, el letrado anunció que demandará a Personal Flow por graves violaciones a la Constitución Nacional y a la Ley de Defensa del Consumidor, solicitando la sanción máxima de multa, estimada en el equivalente a 2.000 millones de pesos.
El caso generó una inmediata reacción institucional. El Colegio de Abogados de Rosario emitió un comunicado en el que manifestó su preocupación y solidaridad con el abogado involucrado. La entidad recordó que el Artículo 314 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Santa Fe garantiza que los abogados, en el ejercicio de su profesión, deben recibir la misma consideración y respeto que los magistrados judiciales.
“Se verificaron situaciones que podrían implicar un menoscabo al libre ejercicio profesional y al legítimo reclamo de derechos de consumidores y usuarios, consagrados en la Constitución Nacional”, señaló el comunicado.
El Colegio exhortó a que tanto instituciones públicas como privadas garanticen el pleno respeto a la ley y eviten conductas que puedan derivar en avasallamientos o restricciones indebidas. Además, reclamó que se realicen las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.
Finalmente, el organismo expresó su solidaridad con el Dr. Vázquez Ferreyra y reafirmó su convicción de que el ejercicio profesional de la abogacía debe desarrollarse con las garantías y el respeto que la normativa impone.
