La clausura judicial de la cava ubicada al sur de Funes abrió un nuevo frente de preocupación para la administración municipal. Más allá de la investigación que derivó en el allanamiento de la vivienda de Hugo Spagnoli y en el cierre del predio, la ciudad enfrenta ahora un problema operativo inmediato: encontrar dónde disponer los residuos que hasta ayer tenían como destino ese lugar.
La medida fue dispuesta apenas horas después del procedimiento judicial realizado sobre quien aparece vinculado desde los primeros años de la gestión de Rolvider Santacroce a la operatoria del predio provincial utilizado para la disposición de residuos.
Ahora, además de las derivaciones judiciales del caso, surge una urgencia práctica. La clausura dejó sin funcionamiento un lugar que durante años recibió residuos provenientes de distintos puntos de la ciudad, obligando al municipio y a quienes operan habitualmente en el sector a buscar alternativas en forma inmediata.
Según pudo saber El Occidental, la situación generó preocupación entre los volqueteros que trabajan en Funes, quienes quedaron sin un destino definido para realizar las descargas. También existe inquietud dentro del propio municipio por el impacto logístico y económico que supone reemplazar de manera repentina una operatoria que funcionó durante años.
En ese contexto, el presidente del Concejo Municipal, Carlos Olmedo, actualmente a cargo de la intendencia de manera interina, encabezó durante las últimas horas distintas gestiones para intentar encontrar una solución que permita garantizar la continuidad del servicio.
Las alternativas que se analizan obligarían a trasladar los residuos fuera de Funes, lo que implicaría mayores distancias de recorrido, más tiempo de transporte y un incremento de costos tanto para los operadores como para la logística general vinculada a la disposición final.
Mientras tanto, la investigación judicial continúa avanzando. Según pudo reconstruir este medio a partir de fuentes vinculadas al expediente, durante el allanamiento realizado en las últimas horas fueron secuestrados teléfonos celulares y otros elementos que ahora serán analizados por los investigadores.
Las mismas fuentes señalaron que el material incautado podría aportar información relevante sobre la operatoria desarrollada en el predio durante los últimos años y contribuir al esclarecimiento de posibles irregularidades vinculadas a su funcionamiento.
Cabe recordar que la cava se encuentra en un terreno perteneciente a la Provincia de Santa Fe que era utilizado por el municipio para la disposición de residuos. Durante los últimos meses, El Occidental publicó una serie de informes que documentaron la presencia de quema de residuos, humo persistente y distintas situaciones que generaron preocupación por su impacto ambiental.
La clausura del predio representa así mucho más que una medida judicial. También abre una crisis operativa que obliga a encontrar rápidamente una alternativa para la disposición de los residuos mientras la Justicia avanza en la investigación sobre el funcionamiento de un lugar que durante años estuvo en el centro de cuestionamientos, denuncias ambientales y reclamos vecinales.
