A pocos días del viaje del intendente Rolvider Santacroce al Mundial de fútbol, dos frentes complejos quedaron abiertos para la administración local. Por un lado, el paro de municipales por 48 horas anunciado para la próxima semana. Por otro, la intervención judicial sobre el basural a cielo abierto utilizado por el Municipio de Funes al sur de la ciudad.
Este martes, la Justicia ordenó el allanamiento de la vivienda de Hugo Spagnoli y la clausura del predio provincial donde se realizaba la disposición de residuos. Spagnoli es un empresario históricamente vinculado a la actividad de camiones, transporte y volquetes que, según distintas fuentes consultadas por este medio, comenzó a participar de la operatoria del lugar desde los primeros años de la gestión de Santacroce.
La relación entre el municipio y la utilización del predio no es nueva. Durante años, la cava provincial fue utilizada para la descarga de residuos en una operatoria que se mantuvo a lo largo de toda la administración municipal actual y cuya existencia era conocida dentro del ámbito local.
Durante mayo, El Occidental publicó una serie de informes que documentaron focos de quema activos, humo persistente, descarga de residuos y potenciales riesgos de contaminación de suelo y napas. Las publicaciones expusieron además el funcionamiento de hecho de un basural a cielo abierto dentro del ejido urbano de Funes.
Las denuncias y advertencias públicas se acumularon durante años sin que la situación encontrara una solución definitiva. Ahora, la intervención de la Justicia elevó el conflicto a una nueva dimensión y derivó en medidas concretas sobre quien aparecía vinculado a la administración de la operatoria.
La clausura del predio representa uno de los episodios más delicados para la gestión Santacroce en materia ambiental. No sólo porque el lugar funcionó durante toda su administración, sino también porque la persona allanada este martes aparece ligada al funcionamiento del predio desde los inicios de ese esquema de disposición de residuos.
Mientras la investigación avanza y la Fiscalía procura determinar responsabilidades, el caso vuelve a poner bajo la lupa una operatoria que se desarrolló durante años en un predio utilizado por el municipio y que terminó derivando en una causa judicial, un allanamiento y una clausura.
