Los incrementos estarán vinculados al Índice de Precios al Consumidor (IPC) o al Índice de Contratos de Locación (ICL), según cada caso, y marcarán un nuevo esquema de actualización en el mercado.
La derogación de la Ley de Alquileres abrió un escenario distinto para propietarios e inquilinos. Desde septiembre, quienes alquilen deberán afrontar un ajuste adicional en sus contratos, de acuerdo a la modalidad pactada. En la práctica, los aumentos estarán atados a la inflación medida por el INDEC o al ICL, lo que modificará el peso mensual de los contratos vigentes.
Inflación como parámetro
El INDEC informó que la inflación de julio fue del 1,9%, acumulando 17,3% en lo que va del año. Estos porcentajes se convierten en la referencia para los alquileres que utilizan el IPC como mecanismo de actualización. Los contratos con revisión trimestral, cuatrimestral o semestral deberán sumar la inflación acumulada de ese período para calcular el incremento.
Un ejemplo lo ilustra: un alquiler de $300.000 firmado en abril, con ajuste trimestral por IPC, pasará a $318.000 en septiembre. Este esquema, que gana terreno en los nuevos contratos, busca reemplazar la rigidez que imponía la vieja ley.
Contratos con ICL
Quienes aún estén bajo contratos regidos por el Índice de Contratos de Locación (ICL) enfrentarán aumentos más moderados. A partir de septiembre, la suba interanual será del 55,67%, el porcentaje más bajo de los últimos tres años y 11 puntos menos que en junio. La última vez que este índice se ubicó en un nivel inferior había sido en septiembre de 2022, con un 64,67%.
Un mercado en transición
La caída de la Ley de Alquileres reconfigura por completo el escenario: los ajustes dependerán de cada contrato, del plazo estipulado y del índice elegido como referencia. Para los inquilinos, implica convivir con incrementos más frecuentes, aunque en algunos casos más moderados que en años previos. Para los propietarios, abre la posibilidad de pactar reglas más flexibles de actualización, alineadas con la evolución de los precios.
