El gobierno provincial avanza a paso firme en la confección de una normativa que regule a los nuevos desarrollos urbanos de fuerte expansión luego de la pandemia.
Maximiliano Pullaro y sus ministros son conscientes que se necesitan reglas claras de juego para brindar seguridad jurídica a quienes quieran invertir y que urge la inmediata revisión de la norma para no dilatar nuevas inversiones.
El enojo por el campo minado que dejó la administración de Omar Perotti en todas las áreas de gobierno es inocultable. Y las desprolijidades encontradas en las aprobaciones de nuevos desarrollos inmobiliarios en muchos municipios y comunas de la provincia serán revisadas bajo un filtro implacable.
El viernes pasado, en un desayuno para empresarios organizado por Fundación Libertad, el Ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, confirmó que la provincia trabaja en una nueva normativa para reordenar el proceso de aprobación de los desarrollos, admitiendo que hay “culpas compartidas” entre un “Estado lento” que no da respuestas ágiles y el “avance de facto de proyectos sin aprobaciones definitivas” por parte de los privados.
En este sentido, Enrico aseguró durante la charla con una importante presencia de constructoras y entidades empresarias del sector, que se trabaja en un equipo interdisciplinario, donde confluyen varios ministerios, entre los que se destacan Gobierno, Desarrollo Productivo, Obras Públicas y Medio Ambiente. A lo que el Ceo de una reputada constructora, le sugirió: “sería importante escuchar la voz de los desarrollistas en ese análisis”.
Ese mismo día por la tarde, en otro evento empresario, el Ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, consultado por uno de los asistentes, explicaba la participación clave que tiene el Ministerio de Gobierno en el debate de la nueva normativa, siendo la cartera a cargo de la relación con los municipios y comunas.
Ocurre que el casillero donde se inicia el largo recorrido de autorizaciones para llevar adelante una urbanización, son los ejecutivos municipales y comunales. Es allí donde los empresarios, obtienen el visto bueno de la autoridad local, la que incluso cobra una plusvalía mucho antes que el proceso de permisos quede finalizado en la provincia. Un tema no menor para aquellos emprendimientos que quedaron clausurados.
“Hay mucho dinero enterrado de antemano y si el proyecto luego se frena, ¿cómo recuperás ese dinero?”, se preguntaba un constructor que, si bien no se encontraba en esa situación, veía muy claro el potencial peligro que podría enfrentar.
A su vez, en otra rueda de conversaciones en el marco de un viernes atípicamente muy movido, otra constructora rosarina confirmaba que luego de escuchar a los funcionarios, dejaba suspendidos sus proyectos hasta tanto no salga una normativa clara. “Estamos en la búsqueda de tierras en Funes, pero no cerraremos ninguna operación hasta tanto nos aseguremos que esos predios son factibles para uso urbano”.
El impacto de la revisión de los permisos de factibilidad provincial no es menor en las arcas municipales. En el caso puntual de Funes, prácticamente toda la obra pública que se ejecuta en la ciudad llega a través de la plusvalía que el municipio cobra a decenas de barrios habilitados por la intendencia: pavimentación de calles, rotondas, luminarias, señalética, se concretaron por el ingreso de fondos privados.
El recurso de plusvalía cobra tal peso en los ingresos municipales, que a inicios de su gestión, el intendente intentó que el Concejo lo habilitará para hacer uso de ese recurso para afrontar gastos corrientes, pedido que le fue denegado a pesar de haber declarado a la ciudad en estado de “emergencia económica y financiera”.
