El concejal Carlos Cardozo (PRO), integrante de la Comisión de Planeamiento, presentó un proyecto de ordenanza que busca derogar la prohibición vigente desde 2010 para autorizar nuevos barrios cerrados en Rosario.
Según el edil, esa restricción “le hizo perder a la ciudad miles de millones en inversiones genuinas” y la posibilidad de obtener compensaciones urbanísticas millonarias que habrían permitido financiar obras de infraestructura en barrios con mayores carencias. Mientras tanto, localidades vecinas como Funes, Ibarlucea y Alvear captaron gran parte de los desarrollos inmobiliarios de alto valor que no pudieron realizarse en Rosario.
“Un Estado inteligente tiene que planificar para que haya viviendas sociales, proyectos de clase media y también barrios cerrados para quienes elijan esa opción”, expresó Cardozo.
Fundamentos y marco normativo
El proyecto plantea derogar la Ordenanza 8725/2010 en su totalidad, adecuando la legislación local al contexto actual del mercado inmobiliario y a las figuras jurídicas reconocidas a nivel nacional.
Cardozo sostiene que los Conjuntos Inmobiliarios —denominación legal de los barrios cerrados, clubes de campo y countries— pueden ser una herramienta válida para el desarrollo urbano planificado, siempre que se aprueben bajo condiciones estrictas de infraestructura, integración y compensación.
La propuesta prevé que cada emprendimiento deba celebrarse mediante un Convenio Urbanístico con el Municipio, que asegure la cesión de espacios públicos y áreas verdes, la dotación de servicios básicos (agua, cloacas, energía, gas y conectividad), la integración vial y peatonal con la trama urbana y aportes económicos o en obra equivalentes al impacto generado.
El noroeste, zona de expansión y valorización
El debate se da en paralelo al proceso de expansión urbana hacia el noroeste, impulsado por el intendente Pablo Javkin con obras de agua potable, saneamiento, alumbrado y nuevas conexiones viales, destinadas a integrar una franja históricamente postergada.
Esa inversión pública está generando las condiciones para distintos formatos de vivienda, desde barrios abiertos hasta condominios mixtos. Entre los casos más destacados figuran Cinqueterre, de Edilizia, y los proyectos que Pilay desarrolla en Nuevo Alberdi, con viviendas de baja altura y la reciente aprobación del proyecto de Juan Félix Rossetti frente al aeropuerto.
Por sus características, el noroeste aparece también como territorio natural para la localización de barrios cerrados, una tipología hoy vedada por la norma de 2010 pero que podría reintroducirse con reglas modernas, transparentes y aportes concretos al interés público.
“Rosario tiene que recuperar atractivo frente a los municipios del área metropolitana. No podemos seguir expulsando inversión y empleo hacia las ciudades vecinas”, remarcó Cardozo.
Antecedentes y perspectivas
El proyecto recuerda que antes de la ordenanza de 2010 existieron en Rosario barrios cerrados aprobados por distintas normativas:
- Barrio Carlos Pellegrini, mediante el Decreto 3520/79.
- Aldea Tenis, Aldea Golf y Aldea Lago, aprobados por expedientes municipales entre 1999 y 2005.
- Un sector del Parque Habitacional Ludueña, mediante la Ordenanza 7932/05 y sus modificatorias.
Para Cardozo, esos antecedentes “demuestran que Rosario supo planificar urbanizaciones privadas integradas al tejido urbano y con aportes al espacio público, antes de que una ordenanza restrictiva las clausurara por completo”.
También destacó la postura de los concejales Laura Weskamp (PRO) y Jorge Boasso (UCR), quienes se opusieron a la prohibición en 2010.
Con la obra pública ya en marcha en Nuevo Alberdi y la presencia de nuevos emprendimientos residenciales, el sector se perfila como un nuevo eje de valorización del suelo urbano. El desafío, según el proyecto, será combinar desarrollo privado con planificación pública para recuperar a Rosario como una ciudad capaz de atraer inversión, empleo y expansión ordenada.
