El grupo Grassi, de origen rosarino, se impuso en la disputa por el control de Vicentin, al alcanzar las dos mayorías exigidas por la Ley de Concursos y Quiebras: más del 70% de los acreedores y más del 80% del capital verificado. Con estos números, la compañía solicitó al juez Fabián Lorenzini la homologación del acuerdo preventivo y la adjudicación de las acciones de la agroexportadora santafesina, que desde 2020 se encuentra bajo administración judicial.
La presentación, firmada por el abogado Guillermo Casanova, fue realizada ante el Juzgado Civil y Comercial de Reconquista, donde tramita el concurso desde hace casi cinco años. En su escrito, Grassi pidió que se declare “la existencia del acuerdo, su homologación y la transferencia automática del capital accionario sin otro trámite, pago o exigencia adicional”, de acuerdo con los artículos 45 y 48 de la Ley 24.522.
De este modo, la firma fundada en Rosario, con fuerte presencia en la intermediación y exportación de granos, se encamina a tomar el control de la compañía más emblemática del norte santafesino, que entró en default en diciembre de 2019 con deudas superiores a u$s 1.500 millones y más de 1.700 acreedores.
Fuentes del proceso calificaron el resultado como “contundente”, al señalar que Grassi superó con holgura las mayorías requeridas, lo que deja la definición “blindada frente a impugnaciones”. En un comunicado, la empresa agradeció “el apoyo y la confianza de la enorme mayoría de acreedores que acompañaron la propuesta para recuperar una compañía de la trascendencia de Vicentin”.
El plan de Grassi propone un modelo asociativo orientado a relanzar la operatoria de la agroexportadora, recomponer la relación con productores y cooperativas, e incentivar la recompra de granos con bonificaciones para acreedores comerciales. También prevé un esquema de recuperación total para los acreedores financieros que aporten prefinanciación de exportaciones.
El consorcio rival, integrado por Molinos Agro y Louis Dreyfus Company (LDC), había presentado una contraoferta con pagos escalonados y la opción de convertir deuda en acciones preferidas, pero no logró las adhesiones necesarias. Días atrás, el juez Lorenzini incluso ordenó a ambas partes eliminar de sus plataformas de votación cualquier mecanismo que pudiera inducir a revertir apoyos ya otorgados.
Con las mayorías alcanzadas, el expediente entra ahora en la etapa de recuento final y homologación judicial, paso previo a que Grassi asuma formalmente la conducción de la empresa. Si el juez convalida el acuerdo, Vicentin volverá a manos argentinas, en un giro histórico para el sector agroindustrial.
“Somos conscientes del enorme compromiso que asumimos y muy confiados en el camino que iniciamos junto a las empresas que nos acompañarán en esta etapa”, expresó el directorio de Grassi. El desenlace pone fin a una de las disputas empresariales más extensas y emblemáticas del país, y abre una nueva etapa para una compañía que fue símbolo del agro santafesino y del comercio exterior argentino.
