El gobierno de Javier Milei extendió la emergencia energética hasta el 9 de julio de 2025, a través del Decreto 1023/2024, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. Así, se posterga la normalización regulatoria de la energía eléctrica y el gas, prevista originalmente para que estuviera lista como máximo este 31 de diciembre de 2024.
Es decir, se posterga en los papeles la revisión tarifaria integral y quinquenal, mediante la cual el Gobierno ofrece certezas económicas y financieras de mediano plazo (esquema de tarifas a 5 años) a las empresas a cambio de inversiones millonarias y la obligación de cumplir estándares de calidad.
Esas revisiones se pondrían en marcha «lo más pronto posible», según dijo una autoridad del área de Energía. Y tendrían fecha entre enero y febrero 2025, de acuerdo a lo que esperan las compañías, que vienen trabajando en la presentación de los documentos con las previsiones de sus negocios entre el año que viene y 2030.
El ministro de Economía, Luis Caputo, está evaluando la posibilidad de implementar una quita masiva de los subsidios energéticos para la clase media, medida que podría ser anunciada antes de que termine el año.
Este cambio implicaría el fin del esquema de segmentación vigente desde octubre de 2022. Se eliminaría la distinción actual entre usuarios N1 (de «ingresos altos»), N3 (de «ingresos medios») y N2 (de «ingresos bajos»), para dar paso a un sistema en el que los hogares sin subsidios paguen el costo pleno de la energía, mientras que aquellos que califiquen para la tarifa social seguirán recibiendo asistencia del Estado.
El Decreto publicado este miércoles prorroga la transición tarifaria, lo que significa que el Gobierno podrá seguir aplicando aumentos en las tarifas de forma discrecional, sin un marco regulatorio fijo. Además, la medida establece que se mantendrán las intervenciones del ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) y Enargas (Ente Nacional Regulador del Gas) hasta la creación del nuevo Ente Nacional Regulador de Gas y Electricidad, que absorberá a ambos organismos.
El decreto también extiende la vigencia del DNU 55/2023, considerando que persisten las condiciones que motivaron su promulgación al inicio de la actual gestión. Esta prórroga se da a pocos días de que expire el plazo original fijado para el 31 de diciembre de 2024.
