El gobierno de Santa oficializó un protocolo para el uso de Inteligencia Artificial Generativa. Lo hizo este lunes 3 de noviembre, a través del decreto N.º 2726/2025, que establece el “Protocolo para la Adopción y Uso de Tecnologías de Inteligencia Artificial Generativa en el ámbito de la Administración Pública”.
El documento oficial, firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, cuenta con ocho artículos donde se desglosa cómo será utilizada la herramienta. Además, se anexa el protocolo propiamente dicho, que consta de 10 puntos.
Un paso clave hacia la transformación digital
La norma establece un marco normativo para la incorporación de la inteligencia artificial generativa (IAG) en el sector público con el objetivo de optimizar los servicios, garantizar la protección de datos y preservar los derechos ciudadanos.
Entre sus fundamentos se destacan:
La definición de la Inteligencia Artificial (IA) como sistemas que pueden “hacer predicciones, recomendaciones o tomar decisiones que influyen en entornos reales o virtuales”.
La definición de la Inteligencia Artificial Generativa (IAG) como sistemas de IA cuyo propósito es la “generación de contenido nuevo en formato de texto, imagen, audio, código u otros”.
La necesidad de que su adopción sea “planificada, gradual y presidida por el principio de prudencia” para mitigar riesgos.
Principales contenidos del protocolo
El nuevo protocolo incluye una serie de principios, obligaciones y pautas para el uso de estas tecnologías en la gestión pública provincial:
• Supervisión humana significativa y competente: se exige que todo uso de IAG por agentes públicos vaya acompañado de supervisión humana, de modo que la herramienta actúe como apoyo — y no como reemplazo — de la decisión administrativa.
• Transparencia y explicabilidad: los sistemas deben ser auditable, registrables y explicables en función del riesgo que implique su uso, asegurando que los ciudadanos puedan comprender su lógica.
• Equidad y no discriminación: se establece que los modelos no deben reproducir sesgos, ni generar discriminación directa o indirecta, y que los agentes públicos deben activamente mitigar posibles sesgos.
• Protección de datos y privacidad: se impone la obligación de anonimizar o seudonimizar datos personales cuando se utilicen en herramientas de IAG, en cumplimiento de las leyes provinciales y nacionales vigentes.
• Aplicación obligatoria: el protocolo es de aplicación obligatoria para todo el personal que preste servicios en la administración pública provincial, tanto centralizada como descentralizada, y en cualquier modalidad de contratación.
¿Por qué este protocolo es importante?
Este avance legislativo representa una respuesta concreta ante el acelerado desarrollo de tecnologías de IA — y en particular de IAG — que plantean nuevos desafíos para el Estado y la gestión pública. Algunas razones de su importancia:
• Mejora de la eficiencia y calidad de los servicios públicos: al introducir herramientas generativas y de automatización, la administración puede agilizar trámites, análisis técnicos o jurídicos, y mejorar su alcance.
• Refuerzo de la responsabilidad institucional: al establecer supervisión humana, registro y trazabilidad, el Estado fortalece los mecanismos de rendición de cuentas.
• Protección de los derechos de los ciudadanos: la regulación busca mitigar riesgos como la discriminación algorítmica, la invasión de la privacidad o decisiones automatizadas sin control humano.
• Fomento de una cultura de innovación ética: al exigir formación obligatoria para agentes públicos y la adopción de principios como equidad, explicabilidad y control humano, se sitúa la tecnología al servicio de la ciudadanía.
Desafíos y próximos pasos
Aunque el protocolo sienta un marco sólido, su éxito será medido en función de su implementación práctica. Algunos desafíos a considerar:
• Capacitación del personal público: el decreto establece la obligatoriedad de programas de formación para agentes públicos que usen IAG. Será clave que estas formaciones sean pertinentes, actualizadas y lleguen efectivamente a todos los niveles.
• Monitoreo y cumplimiento: la adopción de estos sistemas puede variar entre dependencias; es necesario contar con mecanismos de reporte, auditoría y sanción cuando se incumpla.
• Gestión de datos de calidad: como señalan guías nacionales para el uso de IA en el sector público, sin datos confiables, estructurados y bien gobernados la tecnología pierde valor.
• Escalabilidad y adaptabilidad de la normativa: la IAG evoluciona rápidamente; el marco normativo deberá actualizarse y adaptarse a nuevas realidades tecnológicas.
• Transparencia frente a la ciudadanía: para generar confianza pública, será importante que la sociedad sepa cuándo se está usando IAG, con qué datos, con qué supervisión y para qué fines.
