El gobierno de Javier Milei recibió de la administración de Alberto Fernández un gran número de obras de viviendas inconclusas, alcanzando unas 96.000 unidades que no fueron finalizadas, algunas con un avance inferior al 5%. Estas cifras incluyen 17.000 casas del programa Procrear, 16.000 de Casa Propia, y el resto se distribuye entre viviendas de los programas Reconstruir, Casa Activa-Casa Propia y soluciones habitacionales. Para abordar esta situación, la Secretaría de Vivienda y Hábitat contará con un presupuesto de $374 millones en 2024, pero se prevé que no será suficiente para completar los proyectos.
En este contexto, se está considerando un esquema de iniciativa privada para el área de vivienda. El gobierno tiene la intención de finalizar con presupuesto propio las obras que tengan un avance del 80% o más y ofrecer el resto de los proyectos a constructoras y desarrolladores. A cambio, se propondrá que el sector privado se quede con una cantidad específica de esas viviendas para comercializarlas, recuperar la inversión y obtener ganancias. La cantidad de casas entregadas dependerá del grado de avance del proyecto.
Posteriormente, el Estado decidirá el destino de esas viviendas, considerando opciones como la venta a través del Banco Hipotecario o la Administración de Bienes del Estado a un valor establecido por el Tribunal de Tasaciones de la Nación. También se evalúa la posibilidad de llegar a acuerdos con municipios para que utilicen fondos propios y terminen las viviendas inconclusas.
Esta revisión de la herencia incluye el programa Reconstruir, que pretendía finalizar 55.000 viviendas anunciadas por Alberto Fernández en 2021, pero que en los últimos cuatro años solo completó alrededor de 7.000 y tiene 10.000 en ejecución, dejando un universo de 38.000 sin iniciar.
Asimismo, se está analizando la entrega de créditos de hasta $5 millones en el programa Procrear, inicialmente destinados a refacciones o mejoras edilicias, pero que en gran medida se utilizaron para pagar tarjetas de crédito u otros fines.
