El debate que cruzó la tranquera: vecinos de un country de Funes discuten si exigir antecedentes penales a los prestadores de servicio

El pedido, sin aval legal ni asambleario, encendió un debate áspero entre los propios residentes. El caso expone una tendencia que ya se instaló en varios clubes y countries de Buenos Aires.

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Ingreso barrio San Marino

La calma bucólica de uno de los barrios cerrados más reconocidos de Funes se alteró en cuestión de horas, cuando trascendió que la administración habría propuesto exigir certificados de antecedentes penales a toda persona que ingrese a prestar servicios. La idea, filtrada en el grupo de WhatsApp de vecinos, encendió un debate que combinó perplejidad, enojo y una dosis de ironía.

El planteo no fue tratado en asamblea, no figura en el reglamento interno y carece de sustento en la normativa laboral vigente, pero bastó para dividir al vecindario: entre quienes la justifican como una medida preventiva y quienes la consideran una desconfianza innecesaria hacia trabajadores que, en muchos casos, llevan más de una década dentro del barrio, cuidando jardines, piscinas o realizando tareas domésticas.

“Es gente que nos vio crecer, que tiene la llave de nuestras casas y conoce a nuestras familias. Pedirles ahora un certificado del Registro de Reincidencia es casi una ofensa”, escribió una vecina. Otro residente fue más pragmático: “Si aplican esto, medio barrio se queda sin servicio”.

Entre los mensajes más comentados, alguien apuntó que más de un propietario o inquilino tampoco pasaría la prueba, sintetizando el espíritu del debate: la sospecha, a veces, también vive puertas adentro.

El episodio tiene además un trasfondo incómodo: ese mismo barrio alojó tiempo atrás a uno de los jefes narco más peligrosos de la provincia, detalle que le otorga a la discusión un aire de ironía involuntaria.

Aunque la iniciativa aún no se formalizó, ya comenzó a replicarse el debate en otras urbanizaciones. En Buenos Aires, donde varios countries y clubes ya solicitan certificados de antecedentes penales a proveedores externos, la práctica se ha extendido, aunque no sin controversias éticas y legales.

En Funes, por ahora, la conversación sigue abierta: entre el afán de sentirse más seguros y el riesgo de institucionalizar la desconfianza. Porque, a veces, la frontera entre la prevención y el prejuicio es tan delgada como la tranquera que la separa.

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