Un análisis advierte falta de control fiscal y presión creciente sobre los contribuyentes

La contadora y vecina de la ciudad María Soledad Tournier analizó la evolución de la TGI entre 2020 y 2026 y señala que, pese a los ajustes automáticos por inflación, salarios y combustible, persisten problemas de transparencia, seguimiento del gasto y uso de recursos.

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Un análisis técnico sobre la evolución de las tasas municipales en Funes entre 2020 y 2026 encendió alertas sobre el funcionamiento del sistema tributario local. El trabajo fue elaborado por la contadora pública María Soledad Tournier, también contribuyente de la ciudad, quien examinó el mecanismo de actualización de la Tasa General de Inmuebles (TGI), las ordenanzas aplicadas en los últimos años y la gestión de los recursos municipales.

Según el documento, el sistema de actualización de tasas se basa en una fórmula polinómica que ajusta periódicamente el valor de los tributos para evitar que pierdan capacidad financiera frente a la inflación y el aumento de costos operativos del municipio.

La fórmula combina tres variables principales:

  • la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPEC) de Santa Fe,

  • las paritarias provinciales del personal municipal,

  • y el precio de la nafta premium, utilizado como referencia para los costos de movilidad de la flota municipal.

Este mecanismo impacta directamente sobre la TGI, que financia servicios básicos como el alumbrado público, el mantenimiento de calles, la recolección de residuos, el riego y el mantenimiento de espacios verdes.

La incidencia del precio del combustible

Uno de los puntos que destaca el informe es la fuerte incidencia del precio del combustible dentro de la fórmula de actualización. Según Tournier, esta variable introduce un factor de vulnerabilidad porque conecta el valor de las tasas locales con las fluctuaciones del mercado petrolero internacional.

En ese esquema, cualquier aumento del precio de los combustibles repercute automáticamente en el cálculo de la tasa, ya que la prestación de servicios como el mantenimiento de calles, la recolección de residuos o el riego depende del uso permanente de vehículos municipales.

El análisis sostiene que este efecto se volvió particularmente visible entre 2023 y 2026, período atravesado por fuertes devaluaciones e incrementos de costos operativos.

Aumentos y ajustes normativos

El trabajo también reconstruye la evolución normativa de las tasas municipales en los últimos años.

Entre las medidas señaladas aparecen:

  • Ordenanza 1696/23, que aplicó un incremento adicional del 40% ante el desfasaje generado por la inflación.

  • Ordenanza 1735/24, que implicó una reestructuración general de tasas basada en un IPEC acumulado del 84% y en aumentos salariales del personal municipal.

  • Ordenanza 1878/25, que introdujo modificaciones en los gastos administrativos.

  • Ordenanza 1906/25, que prorrogó el sistema de actualización polinómica.

Según el análisis, estas medidas muestran que el municipio osciló entre la aplicación automática de la fórmula y ajustes extraordinarios para sostener su capacidad financiera frente a la crisis económica.

Tasas específicas y nuevas contribuciones

El informe también menciona cambios vinculados a la tasa de vialidad, asociada al mantenimiento de calles y arterias.

En ese sentido, la ordenanza 1696/23 creó un Fondo de Estabilización de Arterias destinado a obras de pavimentación, mientras que otra norma estableció un sistema de contribución por mejoras, mediante el cual los frentistas pueden llegar a cubrir hasta el 30% del costo de las obras realizadas por el municipio.

Observaciones sobre transparencia y control

Más allá de los mecanismos de actualización, el documento plantea cuestionamientos sobre la gestión de los recursos públicos.

El análisis señala que existe una falta de previsión y control fiscal, especialmente en el uso de recursos extraordinarios. De acuerdo con el trabajo, en una administración pública saludable esos fondos deberían destinarse principalmente a inversión o infraestructura, y no a cubrir gastos corrientes.

Tournier compara esta situación con el funcionamiento de una empresa privada. Según explica, en el sector privado utilizar capital de inversión para financiar gastos diarios conduciría rápidamente a una descapitalización.

En cambio, sostiene que en el ámbito municipal se observa el uso de recursos específicos para cubrir gastos generales, lo que evidencia problemas de orden financiero.

Acceso a la información pública

Otro de los puntos críticos señalados en el informe es la falta de seguimiento y acceso a la información pública.

El trabajo recuerda que una ordenanza de 2021 ya advertía sobre la necesidad de mejorar los mecanismos de transparencia y el acceso a los datos sobre la administración municipal. Sin embargo, el documento sostiene que esos mecanismos siguen siendo insuficientes para que los contribuyentes comprendan cómo se utilizan los recursos que aportan.

Proyección hacia 2026

De cara al futuro, el análisis concluye que el sistema de actualización de tasas muestra una tendencia a incrementos constantes, impulsados por la inflación y la estructura de costos del municipio.

Para Tournier, el desafío no pasa solo por el ajuste de las tasas sino por mejorar la transparencia y el control del gasto público.

“El cumplimiento de la Ley de Transparencia Fiscal no debería ser solo una formalidad, sino una práctica real que permita al contribuyente entender cómo se traduce la presión tributaria en los servicios que recibe”, plantea el informe.

 

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