Rebelarse contra lo establecido puede tildarse de revolucionario y hasta llegar a lo delictivo, pero cuando lo delictivo está en quién genera las ordenanzas bajo el ala pública y un manto de populismo prebendario en nombre de los ciudadanos, es indispensable ponerlo a la luz de la injusticia.
La Municipalidad de Funes calcula recaudar 387 millones de pesos de tasas -tasaciones de disposición final- más 1.044.465.000 pesos de recolección de ramas, más 396.000.000 de pesos de recolección de residuos. Y el servicio le cuesta a la municipalidad de Funes, 286.000.000 de pesos. O sea que, recauda por el servicio, seis veces más de lo que gasta.
Según lo expresa exhaustivamente en su cuenta de X, Abdón @AlberdianoArg, un prestigioso abogado que analiza los números de municipios santafesinos, que son materia de información pública. En este caso de Funes, es tomada del Presupuesto de Recursos 2025.
La Municipalidad de Funes calcula recaudar 387 millones de tasaciones de disposición final + 1.044.465.000 de recolección de ramas + 396.000.000 de recolección de residuos y el servicio le cuesta a la municipalidad $ 286.000.000, recauda por el servicio 6 veces mas de lo q gasta pic.twitter.com/NA9SeLZdrn
— ABDON (@AlberdianoArg) January 16, 2025
Entonces, hacer una cruzada contra las imposiciones exacerbadas, superpuestas y estranguladoras de la riqueza de una población, habla de buscar justicia.
Las intendencias y comunas, cuánto más pequeñas más voraces, han creado ordenanzas que desgarran el poder adquisitivo y productivo de quienes las tienen que pagar a modo de tasas, por promesas de servicios que jamás se cumplen y generan al erario público un ingreso extraordinario para usos indebidos y despilfarro de los fondos en otras acciones que desnaturalizan el fin para las que fueron creadas. El caso de Funes, es un claro ejemplo.
“Ah bueno, son los políticos”, dicen algunos a modo de consuelo.
La respuesta debería ser: no son los políticos, son “las políticas” que estos políticos inescrupulosos llevan a cabo en nombre de otros y, muchas veces, para beneficio propio.
La democracia genera elecciones y las elecciones son puestas a consideración por los políticos de turno que se ponen en la vidriera de una población. Hasta aquí, es todo válido y es el gen del sistema de gobierno que en más lugares del mundo se desarrolla desde hace mucho tiempo. El problema a solucionar, a seguir atentamente, a medir sus resultados y a evaluar el destino de los recursos, es “la política” que llevan adelante los gobiernos desde los más pequeños municipios y comunas del interior del país.
Si la “política” es sacarle a unos para darles a otros, es un problema.
Si la “política” es generar condiciones igualitarias de recaudación y de estrategias de acción para responder con servicios de calidad con el objetivo de potenciar el crecimiento de un distrito o una región que paga puntualmente sus impuestos y contribuciones por mejoras, es lo que todos los ciudadanos se merecen.
“La historia dirá que todo empezó en Villa Saralegui con cuatro valientes a los cuales ayudé y ya los considero mis amigos, los productores del norte de Santa Fe hicieron una asamblea ‘podridos’ de pagar una tasa por hectárea que recaudan las comunas sin reparar los caminos y se animaron a alzar la voz en contra del saqueo público”. Cuenta Abdón, con más detalles, hasta que la Legislatura aprobó la intervención comunal el año pasado.
Hace dos años
En enero de 2023 un grupo de productores agropecuarios de Villa Saralegui, en el norte de la provincia de Santa Fe, decidieron dejar de abonar la tasa de red vial luego de que el jefe comunal, Walter Sola (del Frente Progresista Cívico y Social), subiera el tributo un 420% con relación al mismo mes de 2022. Los productores indicaron que realizarían una “rebelión fiscal” hasta que el funcionario presente la rendición de cuentas de los últimos 10 años y justifique debidamente el incremento.
“En 2022 aumentó a 4,4 litros por hectárea, siendo que en 2021 estaba en 3,6 litros por hectárea, y en 2023 casi que se duplicó, pasó a 8 litros por hectárea. Si se compara la cuota del 1° de enero del año 2022 con la de 2023 en valor de dinero da un aumento de 420%. Es un disparate. Si se tienen en cuenta los ingresos de la comuna versus los costos y kilómetros que tiene que atender, está totalmente sobredimensionado”, indicaron en asamblea.
Detallaron además que Villa Saralegui tiene que atender 140 kilómetros: parte es la ruta provincial número 2, que tiene un convenio con Vialidad del cual también recibe dinero. “No hay rendición de cuentas, y las comunas están obligadas a ofrecer la información a los contribuyentes. Estuvimos todo el año negociando y en conversaciones con los legisladores de la provincia de Santa Fe y con Defensoría del Pueblo, pero mientras tanto nos fijaron la ordenanza para este nuevo año fiscal”, dijeron oportunamente.
“Estamos desconociendo la primera boleta del 2023, algunos productores no la van a abonar y otros la van a pagar parcialmente. Es una acción directa de los productores hacia este abuso del presidente de la comuna”, afirmaron.
La Sociedad Rural se hizo eco
La Sociedad Rural de Santa Fe se solidarizó con los productores agropecuarios de Villa Saralegui a través de un comunicado, en aquel momento histórico. “Una vez más padecen la sinrazón del accionar del presidente comunal de dicha localidad, Walter Sola, que ha incrementado la tasa comunal para el período 1/2023 en un 430% en relación al período 1/2022″, expresaron. “Hace tiempo que los productores de dicha jurisdicción son víctimas de este Presidente Comunal que hace abuso de sus potestades tributarias, discrecionalmente fija montos de tasa rural excesivos y vulnerando la legalidad, sin rendir cuentas, menospreciando los derechos de los contribuyentes, creyéndose dueño del distrito y olvidando que no es más que un mero funcionario público, con obligaciones”, manifestaron. “Desde nuestra entidad repudiamos la actitud despótica del Sr. Sola que ejerce el poder local con prácticas inadmisibles ante la anuencia de autoridades del Gobierno Provincial, que a la par de Senadores y Diputados miran para otro lado”, concluyeron.
600 habitantes expoliados
Villa Saralegui es un pueblo de 600 habitantes, gente de trabajo, que lamentablemente está siendo confundida y expoliada. Tienen votantes que no son ni de la provincia de Santa Fe; es una maniobra de hace 10 años que aparecen a votar quienes no son residentes del pueblo. Denunciaron.
“Villa Saralegui es una villa miseria, la comisaría es una letrina, no hay ambulancias, pero el jefe comunal ha hecho un SUM. Era un repartidor de garrafas y ahora tiene propiedades en Santa Fe. En medio de una sequía histórica se despachó con el 400% de aumento de la tasa vial. Y sufrió una rebelión fiscal completamente justificada porque le robaron a los trabajadores y productores de la zona”, expresó José Luis Espert quién conoció de cerca el proceso vivido. Claramente explicaron que la tasa vial es una contraprestación -no es un impuesto- que los productores deben pagar al municipio por el servicio de mantenimiento de las rutas y caminos. Se calcula de acuerdo a un valor equivalente al precio de litros de gasoil por cada hectárea. La suba determinada por el gobierno comunal elevó el valor a 8 litros de gasoil por hectárea. El aumento fue de 430% mientras que la provincia de Santa Fe decretó la emergencia agropecuaria y el inmobiliario no había sido incrementado en relación a la inflación. El término rebelión parece fuerte pero fue una manera de hacer notar que “así no se puede seguir”.
Villa Saralegui cuenta con unas 109.000 hectáreas donde conviven productores pequeños, medianos y grandes. Es una zona mixta con zonas agrícolas y ganaderas de “buenas” a “muy buenas”. Todos pagan lo mismo, de un campo de 200 hectáreas a uno de 15.000 hectáreas donde tienen quizás una mayor superficie ganadera. Es una tasa vial, es por un servicio que debe brindar la comuna.
Mientras tanto, los caminos rurales están en muy mal estado, descuidados. El jefe comunal atiende medianamente 45 kilómetros que son los que van de Villa Saralegui a San Justo pero después hay caminos de productores que no han podido sacar su cosecha el año pasado cuando fueron las lluvias. De 140 kilómetros, solo se atienden 40 kilómetros, y se cobra por todo.
Intervención final
La historia de los pueblos no tiene fin pero sí los sucesos que marcan el rumbo. Finalmente el año pasado se resolvió la intervención comunal por parte de la Legislatura Santafesina, hubo violencia física e institucional debidamente castigada por la democracia y Villa Saralegui retoma su normalidad desde marzo último, después de 10 años de injusticia.
La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe finalmente aprobó el miércoles 28 de marzo de 2024 la intervención de la Comuna de Villa Saralegui (departamento San Cristóbal), como respuesta a una serie de denuncias presentadas por los productores agropecuarios de dicha localidad.
“Hoy se vive el capítulo final de 10 años de tiranía en este pueblo, 10 años de feudalismo». Expresó oportunamente el abogado Pablo Torres Barthe, quién asesoró desde el primer día de rebelión a los productores. Y anheló que “a partir de ahora finalmente el fiscal actúe y allane la Comuna, aunque ahora será obra del interventor, quien adjunte la documentación para poder terminar de una vez con estas cosas». Remarcó que cualquiera que vive en una República sabe que tiene que pagar impuestos, «pero también sabe que tiene derecho a la rendición de cuentas. Incluso hay un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que indica a la comuna que debía hacerlo y ni siquiera así lo hizo. Por eso se llega a esta resolución, luego de una larga lucha de reclamos a las autoridades competentes. Por suerte el cambio de gobierno provincial impulsó estos cambios».
En ese sentido, Torres Barthe admite que una rebelión fiscal no es fácil de implementar, «hay que estudiar muy bien la Ley porque los costos pueden ser muy elevados. Se deben estudiar las leyes de cada provincia. Es difícil de implementar, y requiere mucha unión por parte de los productores».
Este episodio deja claro que en democracia no todo se puede hacer, que la República en el marco de la ley pone los límites y es necesario recurrir a los elementos legales que el ciudadano tiene a su disposición para hacer justicia.
