La sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas a 10 años de prisión como autor de tráfico de estupefacientes al narcotraficante Julio Andrés Rodríguez Granthon -y su unificación en una pena única a 21 años de prisión por sus condenas previas-, por haber liderado desde la cárcel federal de Ezeiza la venta de drogas en una vivienda “bunker” situada en el barrio Villa Banana de Rosario, y a 7 años de prisión como partícipe primario del mismo delito al contador Gustavo Shanahan, por realizar las operaciones de cambio que le permitían a la organización hacerse de dólares para reponer la droga vendida en pesos.
La sentencia fue dictada por los jueces Javier Carbajo (presidente, cuyo voto lideró el acuerdo), Mariano Borinsky, y Gustavo Hornos, y confirmó también la condena a Alfonso Sebastián Sciortino a 6 años de prisión como autor de tráfico de estupefacientes, y a Juan Román González y Gustavo Báez Aguilar, a 3 años de prisión de ejecución condicional en ambos casos, por considerarlos partícipes secundarios de la misma conducta.
El tribunal revisor falló por unanimidad en línea con el dictamen del fiscal general de esa instancia, Raúl Pleé, quien había solicitado que se rechazaran los recursos presentados por las defensas de los cinco condenados por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de Rosario el 27 de diciembre de 2023. El representante del MPF marcó en relación de Rodríguez Granthon la reiteración delictiva, la naturaleza y la cantidad de la droga secuestrada en el caso, la búsqueda de los altos rendimientos económicos y la transgresión de la ley 23.737, de drogas, desde la prisión.
El fiscal remarcó en relación a la defensa intentada por Shanahan que se tornaba “impensable que un profesional de las ciencias económicas que desarrolla con habitualidad una actividad de cambio ilegal, en un ámbito geográfico conocido por el drama del narcotráfico, no se hubiese representado la posibilidad de estar colaborando con una organización dedicada al tráfico de estupefacientes”.
En efecto, la sala IV de la Cámara de Casación señaló que respecto de Rodríguez Granthon la pena impuesta «no se presenta como desproporcionada ni irrazonable, sino que los sentenciantes efectuaron el correspondiente examen y la explicitación de los criterios y pautas utilizadas en su individualización y en la unificación de condenas, aspectos que no han sido descalificados por la impugnante”. Los camaristas también consideraron acreditado que Shanahan era «una de las dos personas que contaba con grandes sumas de dinero para cambiarle a los narcotraficantes dólares estadounidenses por pesos».
La organización tenía acceso al mercado de divisas para la adquisición de moneda extranjera a los fines de reponer la droga. En mayo de 2023 fueron detenidos ocho de sus miembros y se secuestraron 567 kilogramos de marihuana en un domicilio de la localidad de Funes, a 20 kilómetros de Rosario.
La investigación
En abril de 2021, a raíz de una denuncia anónima donde se indicaba que en una vivienda de Villa Banana de Rosario se vendían drogas al menudeo, la División Antidrogas de la Policía Federal (PFA) comenzó a investigar hechos que luego desembocaron en la individualización de las personas involucradas en el complejo entramado narcocriminal.
La investigación fue encabezada por el fiscal federal Marías Scilabra, a cargo de la región NEA de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), y por la fiscal federal Adriana Saccone, titular de las áreas de Atención Inicial y de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Rosario.
En esos primeros momentos de la pesquisa se logró identificar una vivienda en Valparaíso al 2700, en la Villa Banana, como punto de venta de drogas. Entre los implicados se individualizó a Facundo Pérez y a Waldo P., y a un sujeto apodado “peruano”, que movía droga (marihuana y cocaína) “de a kilos”. La pesquisa logró determinar que se trataba de Rodríguez Granthon, de nacionalidad peruana, quien desde el Complejo Penitenciario Federal N°1 de Ezeiza, donde cumplía una condena a 15 años de prisión (pena unificada de otras dos causas por narcotráfico), impartía órdenes a eslabones inferiores para el fraccionamiento y distribución de estupefacientes en Rosario y alrededores.
La organización tenía además acceso al mercado de divisas para la adquisición de moneda extranjera a los fines de reponer la droga. En mayo de 2023 fueron detenidos ocho de sus miembros y se secuestraron 567 kilogramos de marihuana en un domicilio de la localidad de Funes, a 20 kilómetros de Rosario.
Los fiscales explicaron que la estructura se subdividía en dos vertientes. La principal, dedicada al comercio ilícito de estupefacientes, con ámbito territorial en la “Villa Banana”, integrada por Sciortino; Báez Aguilar; Pérez, condenado por estos hechos a 8 años de prisión en un juicio abreviado; Bruno Iván Ayala, Alexis Ezequiel Manzo y Richard Galeano Vázquez, quienes acordaron 6 años de prisión también en un proceso abreviado; y Ariana Nicol Gómez, quien recibió 3 años de prisión ejecución condicional en un proceso del mismo tipo.
La restante estaba abocada a la actividad cambiaria. Consistía en el intercambio oneroso de los billetes de denominación nacional -por las ganancias obtenidas de la venta de estupefacientes- por dólares estadounidenses, con el objeto de posibilitar y garantizar el desarrollo y funcionamiento de la empresa criminal, según la hipótesis fiscal.
Como los dólares eran necesarios para la adquisición de estupefacientes, la subestructura cambiaria giraba en torno al financista Shanahan, quien mantenía contacto con el exragbier Marcos Díaz (detenido en marzo pasado), González y Lucía Alonso (condenada luego a 3 años de prisión de ejecución condicional en un juicio abreviado por estos hechos). Las transacciones se realizaban en España al 800, Ovidio Lagos al 400, Iriondo al 1600 y Brown 1600, en el macrocentro rosarino.
“Queda absolutamente claro que Shanahan dirigía una cueva; no hay interrogantes sobre eso. Desde el aspecto objetivo, comete una intermediación financiera no autorizada”, alegó el fiscal. Y remarcó: “El aspecto subjetivo me permite afirmar que el dinero que circulaba por sus oficinas provenía de una actividad narcocriminal. No podía ignorarlo”.
El juicio
A fines de 2023 se llevó a cabo el juicio oral. La PROCUNAR colaboró con el fiscal general Federico Reynares Solari, a cargo de la oficina de Litigio Oral Estratégico del Área de Investigación y Litigios de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario. En esa instancia, el MPF solicitó la condena de siete personas, con penas unificadas de 23 años de prisión para Rodríguez Granthon y de 8 años de prisión para Shanahan.
Los fiscales Scilabra y Reynares Solari plantearon que el dinero recaudado por la venta de droga era trasladado a Ovidio Lagos al 400, donde se encontraba Díaz, quien fue identificado por la Brigada Antinarcóticos transportando bolsos hasta la oficina de Shanahan, en España y Rioja. En el lugar se secuestraron cerca de 34 millones de pesos en billetes de baja denominación.
“Queda absolutamente claro que Shanahan dirigía una cueva; no hay interrogantes sobre eso. Desde el aspecto objetivo, comete una intermediación financiera no autorizada”, alegó el fiscal Reynares Solari. Y remarcó: “El aspecto subjetivo me permite afirmar que el dinero que circulaba por sus oficinas provenía de una actividad narcocriminal. No podía ignorarlo”.
Sobre la responsabilidad de Granthon, los fiscales sostuvieron que “una visión integral de las pruebas, evidencia que detentaba el dominio organizacional de la estructura narcocriminal a través de Pérez”.
El 27 de diciembre de 2023 el Tribunal Oral Federal N°3 condenó a 10 años de prisión a Granthon (pena unificada en 21 años con las establecidas en otros dos expedientes) como autor penalmente responsable en carácter de organizador de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio, agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada.
En tanto, Shanahan recibió 7 años de prisión efectiva e inhabilitación especial absoluta por igual tiempo al de la condena como partícipe primario del mismo delito; y Sciortino fue condenado a 6 años de prisión como coautor de tráfico de estupefacientes. Por su parte, González y Báez Aguilar fueron condenados a 3 años de prisión de ejecución condicional como partícipes secundarios de tráfico de estupefacientes.
Todas las defensas interpusieron recursos de casación. La de Rodríguez Granthon solicitó que se declare la nulidad las actuaciones, en función de que la causa se habría iniciado en un dato anónimo; impugnó la sentencia y solicitó la absolución. Por su parte, la de Shanahan expuso que Díaz realizaba cambio de moneda por cuenta propia, de forma independiente y sin intermediar con el financista.
