Venado Tuerto, gobernado por el joven intendente Leonel Chiarella, presentó una reforma tributaria integral que elimina, reduce y simplifica más de 150 tasas, sellados y trámites. El proyecto será enviado al Concejo Municipal y, de ser aprobado, comenzará a regir en enero de 2026, en el marco de una gestión que lleva seis años consecutivos de superávit, con una premisa clara: no gastar más de lo que se recauda y, a partir de ese orden, devolver alivio al contribuyente.
La reforma apunta a un cambio de lógica en la relación entre Estado y contribuyentes: menos burocracia, menos sobrecargos y un esquema más transparente para monotributistas, comercios, industrias, productores rurales, el sector cultural, jubilados y vecinos en general. “No es un ajuste técnico, es una transformación de fondo para tener un Estado más eficiente y menos costoso para el que trabaja”, sintetizan en el Ejecutivo.
El corazón del paquete está en el nuevo régimen simplificado del Derecho de Registro e Inspección (DReI) para monotributistas. Abarca a las categorías A a G y establece que la cuota mensual máxima será de $11.500, incluyendo el costo de habilitación y sus adicionales. Hasta ahora, los valores iban de $11.000 a $29.900, en muchos casos por encima del régimen general. Además, se pasa de cinco categorías a dos, se elimina la recategorización cuatrimestral y también la categorización municipal, lo que simplifica el sistema y le da previsibilidad a más de 3.000 contribuyentes, que dejarán de enfrentarse a cambios constantes de escala y montos.
En el terreno de comercios e industrias, la reforma también introduce modificaciones profundas. Se eliminan cargos específicos que recaían sobre rubros como hoteles, imprentas, lavaderos, bares o confiterías y se suprimen los costos adicionales por potencia instalada (HP) y por rubro. A partir de ahora, la habilitación comercial se calculará con dos criterios objetivos: zona y superficie, y las actividades se agruparán en tres grandes familias: comercios, servicios e industrias en general.
Desde el municipio ponen un ejemplo para graficar el impacto: una panadería de hasta 100 m² pasará a pagar alrededor de $116.000 por habilitación, es decir, menos del 10% de lo que abonaba antes. No se trata de un beneficio aislado para ese rubro, sino de una muestra del orden de magnitud de la baja de costos para los pequeños y medianos negocios de proximidad.
La batería de cambios para comerciantes incluye, además, la eliminación del adicional del 25% del DReI por colocar mesas, sillas o mercadería en la vereda, la eliminación del 2% de publicidad para la mayoría de los contribuyentes y la supresión de tasas por ocupación de vía pública y por decks. También se simplifica la cartelería en ruta en una sola categoría y se establece una reducción de hasta el 50% en los intereses aplicados a convenios de pago. En paralelo, desaparecen las alícuotas especiales que encarecían la actividad de gimnasios, peluquerías, centros de estética, chatarrerías y lavanderías.
El sector industrial también se ve alcanzado por el rediseño tributario. La iniciativa prevé la eliminación del cobro por potencia instalada, lo que aliviana significativamente a los establecimientos de mayor consumo energético, y una reducción de entre el 30% y el 50% en los costos de habilitación. A esto se suma una baja de hasta el 50% en los intereses de los convenios de pago. El objetivo es claro: mejorar la competitividad del entramado productivo local, recortando costos fijos y simplificando trámites que hasta ahora implicaban demoras y sobrecargos.
La actividad cultural tiene su propio capítulo dentro de la reforma. Se elimina el gravamen al espectador, lo que abarata el acceso a espectáculos y eventos, y se reduce y simplifica el gravamen al organizador, que ahora se ordenará en tres escalas según la cantidad de público. También en este ámbito se prevé una reducción de hasta el 50% en los intereses de convenios de pago, con la intención de destrabar propuestas culturales en un contexto económico desafiante.
En cuanto a los tributos masivos, la Tasa General de Inmuebles (TGI) y la Tasa Red Vial son dos ejes centrales del mensaje político de la reforma. En el caso de la TGI, se establece que la actualización no podrá superar la inflación y que la tasa se mantendrá congelada durante el año 2026, otorgando un marco de previsibilidad a los frentistas. En la Red Vial, que impacta directamente en los productores rurales, se dispone la eliminación del mínimo y una reducción del 10% en el monto a pagar. Además, se simplifica el destino de lo recaudado: el 80% se asignará a arreglos de caminos rurales y el 20% a maquinaria y equipos, vinculando de manera más directa el aporte con las obras.
La reforma también avanza sobre la trama de tasas y sellados ligados a trámites cotidianos. Se elimina la tasa de desinfección, se reduce en un 50% el costo del alta de autos y motos y se aplica una baja del 50% en el costo de renovación para taxis y remises. Los convenios de pago en general podrán acceder a reducciones de hasta el 50% en intereses. El libre deuda automotor, que antes se exigía todos los años, ahora se pedirá cada cinco años, aligerando la carga administrativa. Para los jubilados, se simplifican los trámites y se prevén exenciones para quienes no registren deuda, buscando que la regularización no se convierta en un laberinto burocrático para los adultos mayores.
Finalmente, la ordenanza suprime una larga lista de sellados municipales que encarecían y ralentizaban gestiones básicas. Entre otros, se eliminan los sellados por expediente ingresado, convenios de pago, pedidos de informes de inmuebles, copias de ordenanzas, actas de infracción de tránsito, reparto de folletos y modificaciones de alta y baja de embargos.
Desde el municipio remarcan que este rediseño inicia una nueva etapa en la administración local: un Estado que, después de ordenar sus cuentas y sostener el superávit, elige achicarse en tasas y sellados, simplificar reglas y acompañar la actividad económica. En palabras del equipo de gobierno, se trata de estar a tono con un cambio cultural de eficiencia y reducción del gasto público, donde el ciudadano deja de ser visto como una fuente inagotable de recursos y pasa a ser un socio al que hay que facilitarle la vida para que pueda producir, invertir y crecer.
