Este jueves ingresó al Concejo Municipal de Funes un pedido formal del Ejecutivo para aprobar una excepción en favor del expresidente de Newell’s, Cristian D’Amico, quien junto a Germán Zaina impulsa un emprendimiento comercial sobre Fuerza Aérea 234. El proyecto contempla un local de venta y depósito de productos con estacionamiento propio, según consta en la solicitud de factibilidad presentada el 3 de septiembre a la Municipalidad.
Lo que vuelve sensible a este expediente es el pedido del intendente Roly Santacroce: que el Concejo le convalide una rebaja extraordinaria en el monto de plusvalía urbana que debería abonar el desarrollo. En lugar de los $350 millones que corresponderían por normativa, la contribución se reduciría a unos $25 millones, una cifra casi simbólica en comparación con la magnitud de la carga que otros proyectos sí tuvieron que pagar para poder avanzar.
La desigualdad como norma
La plusvalía urbana, diseñada para equilibrar la valorización privada con un retorno a la comunidad, termina así sujeta a negociaciones políticas que abren grietas de desigualdad entre desarrolladores. Mientras algunos emprendimientos afrontaron pagos millonarios sin margen de maniobra, otros buscan abrirse camino por la vía de la excepción.
Este esquema erosiona la competencia, desalienta la inversión seria y cristaliza un escenario donde los costos no dependen de la ley urbanística sino de la discrecionalidad del poder político. Un “infierno de permisos y contraprestaciones” que perpetúa la lógica de favores a medida.
El mal endémico de la Argentina
Lo que está en juego trasciende a un caso puntual. Una vez más se pone de relieve el mal endémico de la Argentina: la baja calidad institucional. La utilización de atajos y excepciones resta previsibilidad y corroe la confianza del sector privado en las reglas. En definitiva, el precio de un proyecto termina definido por el vínculo político más que por criterios de planificación urbana.
Según trascendió en los pasillos del Concejo, los ediles no avalarían la maniobra. De confirmarse, la reducción de la plusvalía quedaría en suspenso. Pero el trasfondo no cambia: un sistema de urbanismo atado a la discrecionalidad, donde la norma general se debilita cada vez que aparece un pedido especial.
Una señal equivocada
El caso D’Amico se convierte así en un ejemplo claro de cómo la Argentina insiste en jugar con la regla de la excepción. Mientras se multiplican discursos sobre previsibilidad y atracción de inversiones, la práctica concreta se organiza alrededor de beneficios discrecionales. El resultado es un modelo urbano fragmentado, con empresas que pagan cargas desiguales y gobiernos locales que reafirman un camino de arbitrariedad institucional.
En Funes, lo que se discute no es solo un local comercial ni una plusvalía millonaria: es la vigencia de un sistema que, lejos de generar confianza, consagra la desigualdad como regla y la transparencia como excepción.
