El proyecto de ordenanza del ejecutivo municipal por el que pretende una recategorización de la Tasa General de Inmuebles a los efectos exclusivamente recaudatorios, ha quedado en un impasse de espera.
El hartazgo social hacia la “casta”, los escándalos que a diario salen a la luz sobre el descontrol del gasto del estado, sueldos obscenos de senadores nacionales, más el ajuste que pagan actualmente los ciudadanos para achicar el inmoral derroche estatal en todos los niveles de gobierno, han dejado en modo “wait and see” la iniciativa del intendente Rolvider Santacroce.
A horas de conocerse el proyecto, entidades empresarias como AEF y la Sociedad Rural de Rosario, salieron con sendos comunicados de rechazo: “Llamamos a nuestro intendente y Concejales a reconsiderar esta nueva tasa que sigue ajustando el bolsillo de los contribuyentes”, fue la expresión que encabezó el comunicado de la asociación de empresarios locales. Mientras que la titular de la Sociedad Rural de Rosario, Soledad Aramendi, repudió la iniciativa alertando: “Es momento de ir hacia la baja de impuestos y tasas”, exponiendo la mala lectura del termómetro social del intendente massista.
Por su parte, Daniel Escalante, intendente de la localidad vecina de Roldán, a la consulta realizada por El Occidental sobre la adopción de una medida similar afirmó categóricamente: “No estamos a favor de generar nuevas tasas, todo lo contrario”
Otra voz calificada que se sumó al rechazo del proyecto de ordenanza fue la de la diputada provincial Silvia Malfesi, fundadora del Partido Libertario de Santa Fe y docente universitaria, advirtiendo que “la pretensión del intendente de Funes de crear estas distintas categorías para la Tasa General de Inmuebles resulta absolutamente inconstitucional y demuestra una voracidad tributaria desmedida”, agregando: “Lo que caracteriza una tasa es que el contribuyente paga una prestación y recibe una contraprestación concreta, evidente y notoria; el monto de la misma debe guardar relación con el costo del servicio que se recibe; por eso la intención de crear nuevas categorías, más allá de las realmente necesarias, demuestra que se está escondiendo un impuesto que no puede aplicar el municipio”, alertó la legisladora Malfesi.
El gobierno de Funes pretende crear la zona sub-urbana, la sub-rural y la extra-urbana. La alícuota que se les cobrará a estas nuevas zonas, si es que el Concejo aprueba la iniciativa, es de 0,625‰ del avalúo fiscal municipal. Para la diputada, “las categorías de la TGI siempre han sido la urbana y la rural; y es de notar que donde más costosa es la prestación es en la zona urbana, ya que el barrendero no pasa todos los días por la zona rural”.
Para Malfesi, pretender crear otras zonas resulta incomprensible y no resiste el menor análisis desde el punto de vista jurídico. “Demuestra que no se está cobrando como si fuese una tasa”, apuntó. Consideró asimismo que el intendente está tomando parámetros a los efectos de determinar el monto a pagar por la tasa que no son los correctos; y por eso se puede plantear la inconstitucionalidad de la medida.
“El intendente y el Concejo están ejerciendo una competencia más allá de las atribuciones que les corresponden dentro del poder tributario municipal”, concluyó la diputada libertaria.
