Nuevamente la administración de Funes es noticia por procedimientos poco adecuados para defender los recursos públicos y garantizar la transparencia en el manejo de esos fondos.
En esta oportunidad, a través de un proyecto de ordenanza enviado por el ejecutivo, el Concejo autorizó al intendente Rolvider Santacroce la contratación directa de “servicios de gestión inteligente para el control vehicular de las ruta nacional 9 (Km 314,5 al 324,5), la Ruta Provincial 34 S y calles y avenidas de la ciudad, mediante la implementación de sistemas inteligentes de control de flujo de circulación vehicular e infracciones a las normas de tránsito”.
En los considerandos enviados por el municipio, explica que dado que el llamado a licitación para el servicio de radares quedó “desierto” y considerando que un nuevo llamado implicaría una “demora significativa”, urge al ejecutivo poder contratar en forma directa los servicios de la empresa Brocart de la ciudad de Buenos Aires por el plazo de 2 años.
En la extensa argumentación del poder ejecutivo, advierte del crecimiento demográfico que está experimentando la ciudad y la proximidad de la temporada estival con el consciente incremento del volumen de tránsito. Realidades, en ambos casos, harto previsibles, dado que se trata, si consideramos el incremento de la población, de un proceso constante y creciente de la última década. Respecto a la temporada de verano y el incremento del tránsito vehicular, tampoco debería tomar por sorpresa y en apuros al municipio, dado que se trata de un fenómeno histórico de Funes.
La explicación “naif” da lugar a interrogantes acerca del verdadero objetivo detrás de la instalación de los radares: ¿existe preocupación real por la seguridad vial o se trata de una nueva boca recaudatoria? ¿La ciudad descubre en el inicio de la temporada estival la emergencia vial que justifica una contratación directa o mejor no debiera plantearse formas más efectivas de comunicar sus licitaciones con la suficiente antelación?
