La tensión entre el Gobierno y el Grupo Techint escaló con velocidad después de que el presidente Javier Milei reaccionara con dureza a las críticas que surgieron tras la licitación para la provisión de caños destinados al nuevo gasoducto de exportación de Vaca Muerta. En un mensaje publicado en X, el mandatario se refirió a Paolo Rocca con el apodo de “Don Chatarrín” y cuestionó lo que definió como “defensas corporativas de tubitos caros”.
El conflicto se desató al conocerse el resultado del proceso licitatorio que lleva adelante el consorcio encargado del proyecto —integrado por YPF, Pan American Energy y Pampa Energía, entre otros— para construir una tubería clave que conectará Vaca Muerta con el puerto de San Antonio Este, en Río Negro. La provisión quedó en manos de Welspun Corp, una empresa india que presentó una oferta cercana a los USD 203 millones, alrededor de 40% más baja que la de Tenaris, la compañía del grupo Techint.
Desde el entorno industrial surgieron cuestionamientos al resultado, señalando prácticas de competencia desleal y posibles elementos vinculados a subsidios o dumping en el mercado global del acero. La reacción oficial fue inmediata. Milei defendió la adjudicación como un ejemplo del funcionamiento pleno de la competencia y remarcó que “ningún proyecto puede sostener precios inflados para proteger intereses locales”.
En esa línea, el Presidente afirmó que aceptar insumos más costosos afectaría la competitividad del esquema de exportación que Argentina busca escalar a partir del gas de Vaca Muerta. “La apertura es total. Si alguien ofrece mejor precio, se elige mejor precio”, insistió.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, respaldó públicamente la operación y difundió cuadros comparativos de precios entre ambas ofertas. Según su argumentación, la brecha de costos hacía inviable cualquier decisión distinta a la tomada.
La polémica expuso, además, el trasfondo político-económico que atraviesa la relación entre el Gobierno y uno de los conglomerados industriales más relevantes del país. Rocca venía manifestando preocupación por la eliminación de aranceles antidumping y por la mayor apertura comercial impulsada desde Casa Rosada, medidas que afectan directamente al sector siderúrgico.
El episodio terminó de encender una disputa que, más allá de lo puntual, refleja la discusión de fondo sobre el rol de la industria local, el nivel de protección frente a importaciones y la estrategia oficial para sostener la competitividad de los grandes proyectos energéticos.
