En las últimas horas, un video que circula ampliamente en la ciudad de Funes ha desatado un intenso debate sobre el comportamiento cívico del intendente Roly Santacroce. En las imágenes, registradas en la calle Hipólito Yrigoyen al 2300, se lo observa participando de una gresca callejera junto a otras dos personas, en una escena que genera inevitable desconcierto entre los ciudadanos.
Más allá de los motivos que dieron origen al altercado o del rol que cada involucrado desempeñó en la disputa, lo cierto es que la imagen de un intendente en plena trifulca resulta difícil de conciliar con la de un dirigente que aspira a representar a la ciudadanía en la convención constituyente de la provincia. Como candidato a convencional por el departamento Rosario, Santacroce pretende ocupar una banca en la que se debatirá nada menos que la reforma de la carta magna provincial, un espacio que exige capacidad de diálogo, respeto por el disenso y una conducta irreprochable.
El contraste entre la escena del video y las exigencias del rol al que aspira es ineludible. La función pública demanda de sus representantes un comportamiento ejemplar, tanto en la esfera institucional como en la vida cotidiana. La política es, en esencia, el arte de la negociación, de la construcción de consensos y del respeto a las normas que rigen la convivencia democrática. Cualquier muestra de agresión, impulsividad o falta de templanza pone en entredicho la idoneidad de un funcionario para ocupar espacios de decisión.
En un contexto en el que la sociedad exige mayor transparencia y compromiso de sus dirigentes, hechos como este reavivan la discusión sobre la responsabilidad que conlleva ejercer un cargo público. La ciudadanía espera que quienes los representan no solo gestionen con eficacia, sino que también sean un modelo de conducta en la esfera pública y privada.
El episodio protagonizado por el intendente Santacroce invita a la reflexión. No se trata únicamente de un hecho aislado, sino de una cuestión que toca la fibra de la confianza pública en sus dirigentes. De cara a las próximas elecciones, los ciudadanos deberán evaluar si quienes buscan reformar la carta magna provincial cuentan con la templanza y el espíritu democrático necesarios para la tarea que tienen por delante.
