La Cámara de Urbanizadores de la Provincia de Santa Fe (CUPS) enfrenta una encrucijada en medio de la reformulación normativa impulsada por la provincia. Desde el cambio de gestión hace 11 meses, los procedimientos de aprobación para proyectos de urbanización, tanto residenciales como industriales, han sido sometidos a revisión. Aunque el sector reconoce la necesidad de actualizar normativas obsoletas que frenan el desarrollo, atraviesa una situación de incertidumbre y preocupación por el alcance y la dirección de estas reformas.
En la actualidad, los desarrolladores no solo asumen la totalidad de los costos de infraestructura —desde redes de agua y cloacas hasta pavimentación y alumbrado público—, sino que enfrentan desafíos adicionales en un contexto de infraestructuras colapsadas y procesos burocráticos que pueden prolongar las aprobaciones entre 6 y 7 años.
Este retraso genera una carga económica considerable para un sector que tiene prevista una inversión privada de mil millones de dólares en infraestructura en los próximos años. En este punto, es necesario tener en cuenta que esta inversión proviene de los integrantes de CUPS, un sector productivo generador de empleo directo y multiplicador económico a través de las comunidades que se construyen sobre sus desarrollos.
A modo de ejemplo, podemos ver este impacto multiplicador en casos concretos: en un terreno que puede valorarse en U$D 20,000, se construye una casa cuyo costo asciende a U$D 100,000, mientras que en terrenos industriales de U$D100,000, el desarrollo de infraestructura productiva puede alcanzar los U$D 500,000. Esto ilustra el potencial transformador de los desarrollos privados y su efecto directo en la economía regional.
Un punto central en esta discusión es el tratamiento de las cuestiones hidráulicas. La provincia, con extensas zonas inundables y obras de contención pendientes, exige un enfoque integral. Sin embargo, en la implementación práctica, tanto la hidráulica como el medio ambiente tienden a ser obstáculos que ralentizan la aprobación de proyectos, en lugar de integrarse en una visión holística que contemple los aportes de los desarrolladores en la construcción de comunidades.
El sector privado, a través de CUPS, entiende que la sinergia público-privada para la creación de políticas públicas de urbanización resulta fundamental, ya que los desarrolladores de la construcción pueden aportar experiencia y conocimientos técnicos para alcanzar una normativa que no sólo regule, sino que impulse el desarrollo necesario para el futuro de Santa Fe, generando seguridad jurídica y acompañando el desarrollo sustentable. «No solo hacemos tierra; generamos comunidades», destacan desde la Cámara, subrayando la visión de largo plazo que guía sus proyectos.
