El lanzamiento de la licitación para concesionar un centro de convenciones con servicio gastronómico en un predio ubicado sobre la autopista Rosario–Córdoba, a la altura de calle Galindo —uno de los ingresos a Funes— abrió un nuevo foco de debate político en la ciudad.
Desde el arco opositor, el concejal Ignacio Rímini expresó reparos sobre el proceso impulsado por la gestión del intendente Roly Santacroce, al que calificó como “apresurado” y con aspectos que deberían ser corregidos para garantizar mayor transparencia y competitividad.
Un predio estratégico y una ordenanza aprobada por unanimidad
El terreno en cuestión está emplazado en un punto neurálgico: apenas se ingresa a la ciudad desde la autopista, antes del destacamento de Gendarmería. Se trata de un espacio con destino turístico definido por una normativa vigente desde hace más de dos décadas.
En diciembre pasado, el Concejo Municipal aprobó por unanimidad una ordenanza que establece la afectación del inmueble para el desarrollo de un parque educativo, turístico y recreativo, habilitando la posibilidad de una concesión para su explotación.
“Nosotros acompañamos la ordenanza porque entendemos que es un proyecto que puede aportar al futuro de la ciudad”, señaló Rímini en diálogo con LT8. Sin embargo, aclaró que el acompañamiento no implica avalar las condiciones en que se lanzó el llamado licitatorio.
Plazos acotados y falta de definiciones
Uno de los principales cuestionamientos radica en los tiempos establecidos. Según detalló el edil, el llamado fue publicado el 26 de enero y otorga menos de un mes —con el receso estival de por medio— para la presentación de ofertas, propuestas y proyectos integrales.
“Es llamativa la celeridad”, sostuvo. “La ordenanza es de diciembre y fija una generalidad sobre la afectación del predio, pero todavía no están definidos indicadores urbanísticos clave como límites de construcción, superficies y formas constructivas”.
Para Rímini, esos aspectos deberían estar claramente establecidos antes de avanzar con una licitación de estas características. “Entendíamos que luego de la ordenanza se iba a sancionar una normativa complementaria que fijara esos parámetros. Eso no ocurrió y el proceso se lanzó en pleno verano, cuando el Concejo no está en sesiones”, remarcó.
Transparencia y competencia
El concejal también planteó que el municipio no suele recurrir con frecuencia a procesos licitatorios y que, en muchos casos, se han otorgado excepciones para compras o contrataciones directas. En ese sentido, consideró positivo que se utilice la herramienta de la licitación, pero advirtió que debe hacerse con reglas claras.
“Qué mejor que tener varias ofertas para poder compararlas y elegir la más beneficiosa para la ciudad”, expresó. “Pero si el proceso genera suspicacias o deja dudas, eso perjudica a la propia licitación y a la propuesta de desarrollo”.
Desde la oposición entienden que el plazo podría ampliarse mediante una resolución del Ejecutivo, aunque sostienen que sería necesario avanzar también en una ordenanza complementaria que precise los parámetros urbanísticos.
¿Se puede corregir el proceso?
Rímini consideró que aún hay margen para introducir modificaciones cuando el Concejo retome las sesiones ordinarias en marzo. “Hay tiempo para corregir y acomodar lo que sea necesario. Nosotros pensamos constructivamente respecto al futuro de Funes, pero no en estas condiciones”, concluyó.
El debate ahora se traslada al plano institucional y empresarial: mientras el Ejecutivo apuesta a impulsar un proyecto que refuerce el perfil turístico y de eventos de la ciudad, la oposición reclama mayores precisiones para garantizar un proceso competitivo, transparente y sin cuestionamientos.
