Los habitantes de nuestro país vamos atravesando lo que pareciera ser el final de una
pandemia que nos golpeó brutalmente a todos por igual, independientemente de la condición socioeconómica que se poseía. En ese marco, en muchas oportunidades hemos escuchado que el sistema de salud pudo soportar semejante expansión de demanda, sin colapsar y dando respuesta a todas las personas que se contagiaban. Y, sin dudas, así fue, a pesar de las falencias que posee.
Partiendo de la base de que un sistema de salud es la “suma de todas las organizaciones,
instituciones y recursos cuyo objetivo principal es mejorar la salud de la población”, luego de semejante crisis de emergencia sanitaria, nuestro país no puede continuar sin tener un plan para superar esta situación. Y estamos corriendo el serio riesgo de que colapsen muchas de esas organizaciones e instituciones, por carecer de los recursos económicos suficientes, aunque también por no poder superar el impacto en los recursos humanos se nuestro sector, seriamente afectados por diversas situaciones que provocó la pandemia y por la falta de un efectivo reconocimiento por su labor.
El COVID-19 profundizó la situación de crisis que venía atravesando el sistema de salud. De
hecho, nuestro país se encuentra en emergencia sanitaria desde el año 2002. No obstante, se siguen generando demandas infinitas con recursos cada vez más escasos. Argentina destinaba aproximadamente un 9,5% de su PBI total, para satisfacer las demandas de todo su sistema, lo cual, comparativamente con otros países de la región, es un porcentaje que podría considerase adecuado a los fines de generar un acceso equitativo y de calidad a los distintos sub sistemas de salud por parte de la población. Sin embargo, distintos indicadores sanitarios fundamentales para una sociedad, presentan enormes diferencias territoriales, creando profundas inequidades y una mala distribución de los recursos económicos y humanos.
Sobre esto último, alguien podría concluir que el sistema de salud no tendría problemas de
ingresos sino de organización, distribución y eficiencia en la utilización de esos recursos. Si bien esto sucede, uno de los problemas fundamentales es que Argentina posee un “Plan Médico Obligatorio” (PMO), expresado como un conjunto heterogéneo de prestaciones no
protocolizadas, en ampliación permanente, convirtiéndolo en uno de los más abarcativos del mundo. En esa constante expansión nunca se consideran los recursos económicos para
posibilitar las nuevas coberturas, como tampoco la suficiente evidencia científica ni análisis de costo-utilidad o costo-eficiencia en las permanentes inclusiones.
Además, ampliando el PMO sin solucionar los problemas estructurales del sistema, lo que se logra son mayores inequidades, ya que su alcance no llega a la salud pública, ni a las obras sociales provinciales, ni al PAMI, con lo cual se introduce un sesgo de clara inequidad
diferenciando a los ciudadanos según sus posibilidades de acceso a las diferentes respuestas terapéuticas.
Esta particularidad se produce en un contexto sanitario e inflacionario muy complejo para
quienes debemos administrar recursos en salud. Así, diferentes análisis del sector privado de salud indican que en once años existió en nuestro país una inflación acumulada del 2039,74%, y para nuestras organizaciones, en el mismo período aumentaron los ingresos a través de las cuotas de salud autorizadas por el gobierno nacional en un porcentaje del 1290,43%.
Evidentemente, es muy complejo administrar en un contexto de semejantes diferencias entre aumento de costos e ingresos reales.
En el mismo período, según estadísticas de FAMSA, existieron aumentos en los convenios
paritarios del gremio de la sanidad, por un porcentaje del 1601,34%, lo cual define la pérdida en el poder adquisitivo del personal sanitario. Finalmente, en el mismo período, el valor del dólar se incrementó un 3254,35%, impactando brutalmente en el valor de los medicamentos, la aparatología, y muchos insumos que provienen del mercado externo.
Durante esos mismos años, el componente “costos en medicamentos” sufrió variaciones
preocupantes porqué estuvieron siempre por sobre los índices inflacionarios. En el año 2019 según el Centro de Profesionales Farmacéuticos (CEPROFAR), los medicamentos aumentaron en promedio el 111%, no obstante hay que tener en cuenta que las mediciones normalmente se realizan tomado el promedio simple de una canasta de muy amplia, pero cuando se examinan los 10 medicamentos más usados, los incrementos son exorbitantes.
Durante la pandemia, los medicamentos hospitalarios tuvieron incrementos superiores al
250%, al igual que muchos insumos fundamentales para la seguridad del equipo de salud, que se incrementaron por encima del 200%. En el 2020 y 2021 continuaron aumentando por arriba de la inflación, que según el INDEC la actualización en la facturación de un año a otro fue de un 69%. Luego que terminaran los “acuerdos de precios” firmados entre el gobierno nacional y la industria farmacéutica, los medicamentos se incrementaron enormemente. Ejemplo de ello fue el utilizado para la sedación de pacientes en asistencia respiratoria mecánica, que aumentaron un 1229%, pasando de $38,7 antes de la pandemia a $ 514 luego de que culminara el acuerdo.
De igual modo, los relajantes musculares que antes del acuerdo costaban 138,58 pesos y que, luego de culminado, pasó a costar $ 732. La Unión Argentina de Salud (UAS) emitió un informe donde refleja que, en comparación con EEUU, en la Argentina los precios de los medicamentos se duplican, triplican y hasta cuadriplican en relación al salario mínimo.
En lo que respecta a los medicamentos de alto costo, no se puede contar con ningún
parámetro de medición porque los valores son exorbitantes y cuando en el mercado de la
salud existen medicamentos de hasta 2,1 millones de dólares, la posibilidad de enfrentar
determinados tratamientos resulta casi inexistente. Concretamente, una entidad de FAMSA
cuya facturación es de 19 millones de pesos mensuales debe enfrentar un tratamiento de 550 mil dólares, que claramente no puede solventar, con el consecuente perjuicio para la persona damnificada.
Actualmente, en las entidades o empresas financiadoras, el componente medicamentos
ambulatorios y de alto costo, absorbe porcentajes de hasta un 39% de la totalidad del gasto prestacional, siendo que, si nos retrotraemos a los 7 u 8 años anteriores, ese porcentaje no superaba el 22%. Evidentemente, una parte importante de la crisis de financiamiento del actual sistema de salud, tiene como principal responsable a la estrategia de precios de la industria farmacéutica.
Desde FAMSA sostenemos enfáticamente, y sustentado en datos objetivos, que existe un
enorme desfinanciamiento tanto en la salud pública, la seguridad social, el privado y la
economía social (mutuales y cooperativas). En lo que respecta a estos dos últimos, la
desactualización en el aumento de las cuotas de los servicios de salud supera el 30%, lo cual está generando una crisis, con la consiguiente desaparición de entidades y el consecuente perjuicio para el ciudadano.
Pero más allá del atraso en las actualizaciones de cuotas en relación a los costos, consideramos que trabajar solamente en aumentar ingresos sería un error, con las características del actual modelo. Si no se abordan estratégicamente las cuestiones referentes a los costos y la problemática estructural, se seguirá profundizando la crisis y la desaparición de organizaciones en perjuicio de las personas que deben tener cobertura.
Se necesita imperiosamente comenzar una consensuada reforma en el Sistema de Salud
argentino, donde se redefina la coparticipación federal en función a nuevos parámetros para un sistema equitativo y de calidad para la salud pública en las provincias. Deberán incluir nuevas formas de organización, gestión y eficiencia en el uso de los recursos en la seguridad social, con énfasis particular para el PAMI y los derechos sanitarios, y de calidad de vida del adulto mayor.
En el sector privado y la economía social, tanto financiador como prestador, debemos trabajar más activamente en la transparencia y eficiencia del sistema, y en la búsqueda de puntos de sustentabilidad mutua. Es cierto que un aspecto que causa estragos en la disponibilidad de recursos está dado por la obligatoriedad de coberturas producto de fallos judiciales, que en muchas oportunidades no poseen suficiente evidencia científica, ni dimensionamiento del impacto en los recursos, pero siempre se produce porque antes hubo una prescripción médica que lo determinó.
Por ello, entre financiadores y prestadores institucionales se deberán crear puntos de
encuentro, como así también con las organizaciones de profesionales relacionados, acordando una política de prescripciones responsables y sustentables, comprometidas con el sistema y con nuevas reglas de acuerdos. Una agencia de evaluación de tecnologías en salud, un Fondo para la cobertura del Alto Costo que se financie con recursos de todos los actores involucrados, pero que tenga alcance a todos los habitantes de nuestro país, son las necesidades que marcamos desde nuestra Federación.
Un párrafo especial requiere la relación con la industria farmacéutica y la búsqueda de puntos de acuerdos básicos de sustentabilidad, quizás a través de contratos de riesgos compartidos, de precios de referencias trasparentes, de compras centralizadas, de la aplicación de la vigente ley de prescripción por nombre genérico, de acuerdos especiales con laboratorios públicos y participación de financiadores en inversiones estratégicas, en desarrollo y tecnologías.
Pero todo esto lo podremos lograr si existen decisiones políticas tanto públicas como privadas acordes al desafío. Si dejamos mezquindades, si estamos de acuerdo en transparentar definitivamente el sistema, creando espacios de encuentro y avanzando a un sistema más integrado, articulado inteligentemente, con eficiente uso de los recursos, en muchas ocasiones con compromisos y análisis éticos, que hoy definitivamente están siendo muy poco tenidos en cuenta.
Por supuesto que para eso deberá existir el consenso de todos los actores del sistema, pero
fundamentalmente se necesitaría un verdadero poder de rectoría en las autoridades
nacionales, con la suficiente decisión política y credibilidad para iniciar un proceso de cambios que trasciendan los tiempos y las administraciones.
Finalmente, la evidencia muestra que Argentina no tiene un plan para salir de esta situación crítica, que el sistema está desfinanciado, pero que no se soluciona solamente con más ingresos, dado que el modelo adquirió la lógica que todo nuevo ingreso ya está previamente gastado. Si no se resuelven los problemas de ineficiencia y sustentabilidad con costos razonables, el sistema no es sostenible, y necesariamente ello tendrá consecuencias nefastas para todos los actores y fundamentalmente, perjudicando aún más el acceso a la salud de la gente.
Por Juan Pivetta. Presidente de la Federación Argentina de Mutuales de Salud (FAMSA)
Los habitantes de nuestro país vamos atravesando lo que pareciera ser el final de una
pandemia que nos golpeó brutalmente a todos por igual, independientemente de la condición socioeconómica que se poseía. En ese marco, en muchas oportunidades hemos escuchado que el sistema de salud pudo soportar semejante expansión de demanda, sin colapsar y dando respuesta a todas las personas que se contagiaban. Y, sin dudas, así fue, a pesar de las falencias que posee.
Partiendo de la base de que un sistema de salud es la “suma de todas las organizaciones,
instituciones y recursos cuyo objetivo principal es mejorar la salud de la población”, luego de semejante crisis de emergencia sanitaria, nuestro país no puede continuar sin tener un plan para superar esta situación. Y estamos corriendo el serio riesgo de que colapsen muchas de esas organizaciones e instituciones, por carecer de los recursos económicos suficientes, aunque también por no poder superar el impacto en los recursos humanos se nuestro sector, seriamente afectados por diversas situaciones que provocó la pandemia y por la falta de un efectivo reconocimiento por su labor.
El COVID-19 profundizó la situación de crisis que venía atravesando el sistema de salud. De
hecho, nuestro país se encuentra en emergencia sanitaria desde el año 2002. No obstante, se siguen generando demandas infinitas con recursos cada vez más escasos. Argentina destinaba aproximadamente un 9,5% de su PBI total, para satisfacer las demandas de todo su sistema, lo cual, comparativamente con otros países de la región, es un porcentaje que podría considerase adecuado a los fines de generar un acceso equitativo y de calidad a los distintos sub sistemas de salud por parte de la población. Sin embargo, distintos indicadores sanitarios fundamentales para una sociedad, presentan enormes diferencias territoriales, creando profundas inequidades y una mala distribución de los recursos económicos y humanos.
Sobre esto último, alguien podría concluir que el sistema de salud no tendría problemas de
ingresos sino de organización, distribución y eficiencia en la utilización de esos recursos. Si bien esto sucede, uno de los problemas fundamentales es que Argentina posee un “Plan Médico Obligatorio” (PMO), expresado como un conjunto heterogéneo de prestaciones no
protocolizadas, en ampliación permanente, convirtiéndolo en uno de los más abarcativos del mundo. En esa constante expansión nunca se consideran los recursos económicos para
posibilitar las nuevas coberturas, como tampoco la suficiente evidencia científica ni análisis de costo-utilidad o costo-eficiencia en las permanentes inclusiones.
Además, ampliando el PMO sin solucionar los problemas estructurales del sistema, lo que se logra son mayores inequidades, ya que su alcance no llega a la salud pública, ni a las obras sociales provinciales, ni al PAMI, con lo cual se introduce un sesgo de clara inequidad
diferenciando a los ciudadanos según sus posibilidades de acceso a las diferentes respuestas terapéuticas.
Esta particularidad se produce en un contexto sanitario e inflacionario muy complejo para
quienes debemos administrar recursos en salud. Así, diferentes análisis del sector privado de salud indican que en once años existió en nuestro país una inflación acumulada del 2039,74%, y para nuestras organizaciones, en el mismo período aumentaron los ingresos a través de las cuotas de salud autorizadas por el gobierno nacional en un porcentaje del 1290,43%.
Evidentemente, es muy complejo administrar en un contexto de semejantes diferencias entre aumento de costos e ingresos reales.
En el mismo período, según estadísticas de FAMSA, existieron aumentos en los convenios
paritarios del gremio de la sanidad, por un porcentaje del 1601,34%, lo cual define la pérdida en el poder adquisitivo del personal sanitario. Finalmente, en el mismo período, el valor del dólar se incrementó un 3254,35%, impactando brutalmente en el valor de los medicamentos, la aparatología, y muchos insumos que provienen del mercado externo.
Durante esos mismos años, el componente “costos en medicamentos” sufrió variaciones
preocupantes porqué estuvieron siempre por sobre los índices inflacionarios. En el año 2019 según el Centro de Profesionales Farmacéuticos (CEPROFAR), los medicamentos aumentaron en promedio el 111%, no obstante hay que tener en cuenta que las mediciones normalmente se realizan tomado el promedio simple de una canasta de muy amplia, pero cuando se examinan los 10 medicamentos más usados, los incrementos son exorbitantes.
Durante la pandemia, los medicamentos hospitalarios tuvieron incrementos superiores al
250%, al igual que muchos insumos fundamentales para la seguridad del equipo de salud, que se incrementaron por encima del 200%. En el 2020 y 2021 continuaron aumentando por arriba de la inflación, que según el INDEC la actualización en la facturación de un año a otro fue de un 69%. Luego que terminaran los “acuerdos de precios” firmados entre el gobierno nacional y la industria farmacéutica, los medicamentos se incrementaron enormemente. Ejemplo de ello fue el utilizado para la sedación de pacientes en asistencia respiratoria mecánica, que aumentaron un 1229%, pasando de $38,7 antes de la pandemia a $ 514 luego de que culminara el acuerdo.
De igual modo, los relajantes musculares que antes del acuerdo costaban 138,58 pesos y que, luego de culminado, pasó a costar $ 732. La Unión Argentina de Salud (UAS) emitió un informe donde refleja que, en comparación con EEUU, en la Argentina los precios de los medicamentos se duplican, triplican y hasta cuadriplican en relación al salario mínimo.
En lo que respecta a los medicamentos de alto costo, no se puede contar con ningún
parámetro de medición porque los valores son exorbitantes y cuando en el mercado de la
salud existen medicamentos de hasta 2,1 millones de dólares, la posibilidad de enfrentar
determinados tratamientos resulta casi inexistente. Concretamente, una entidad de FAMSA
cuya facturación es de 19 millones de pesos mensuales debe enfrentar un tratamiento de 550 mil dólares, que claramente no puede solventar, con el consecuente perjuicio para la persona damnificada.
Actualmente, en las entidades o empresas financiadoras, el componente medicamentos
ambulatorios y de alto costo, absorbe porcentajes de hasta un 39% de la totalidad del gasto prestacional, siendo que, si nos retrotraemos a los 7 u 8 años anteriores, ese porcentaje no superaba el 22%. Evidentemente, una parte importante de la crisis de financiamiento del actual sistema de salud, tiene como principal responsable a la estrategia de precios de la industria farmacéutica.
Desde FAMSA sostenemos enfáticamente, y sustentado en datos objetivos, que existe un
enorme desfinanciamiento tanto en la salud pública, la seguridad social, el privado y la
economía social (mutuales y cooperativas). En lo que respecta a estos dos últimos, la
desactualización en el aumento de las cuotas de los servicios de salud supera el 30%, lo cual está generando una crisis, con la consiguiente desaparición de entidades y el consecuente perjuicio para el ciudadano.
Pero más allá del atraso en las actualizaciones de cuotas en relación a los costos, consideramos que trabajar solamente en aumentar ingresos sería un error, con las características del actual modelo. Si no se abordan estratégicamente las cuestiones referentes a los costos y la problemática estructural, se seguirá profundizando la crisis y la desaparición de organizaciones en perjuicio de las personas que deben tener cobertura.
Se necesita imperiosamente comenzar una consensuada reforma en el Sistema de Salud
argentino, donde se redefina la coparticipación federal en función a nuevos parámetros para un sistema equitativo y de calidad para la salud pública en las provincias. Deberán incluir nuevas formas de organización, gestión y eficiencia en el uso de los recursos en la seguridad social, con énfasis particular para el PAMI y los derechos sanitarios, y de calidad de vida del adulto mayor.
En el sector privado y la economía social, tanto financiador como prestador, debemos trabajar más activamente en la transparencia y eficiencia del sistema, y en la búsqueda de puntos de sustentabilidad mutua. Es cierto que un aspecto que causa estragos en la disponibilidad de recursos está dado por la obligatoriedad de coberturas producto de fallos judiciales, que en muchas oportunidades no poseen suficiente evidencia científica, ni dimensionamiento del impacto en los recursos, pero siempre se produce porque antes hubo una prescripción médica que lo determinó.
Por ello, entre financiadores y prestadores institucionales se deberán crear puntos de
encuentro, como así también con las organizaciones de profesionales relacionados, acordando una política de prescripciones responsables y sustentables, comprometidas con el sistema y con nuevas reglas de acuerdos. Una agencia de evaluación de tecnologías en salud, un Fondo para la cobertura del Alto Costo que se financie con recursos de todos los actores involucrados, pero que tenga alcance a todos los habitantes de nuestro país, son las necesidades que marcamos desde nuestra Federación.
Un párrafo especial requiere la relación con la industria farmacéutica y la búsqueda de puntos de acuerdos básicos de sustentabilidad, quizás a través de contratos de riesgos compartidos, de precios de referencias trasparentes, de compras centralizadas, de la aplicación de la vigente ley de prescripción por nombre genérico, de acuerdos especiales con laboratorios públicos y participación de financiadores en inversiones estratégicas, en desarrollo y tecnologías.
Pero todo esto lo podremos lograr si existen decisiones políticas tanto públicas como privadas acordes al desafío. Si dejamos mezquindades, si estamos de acuerdo en transparentar definitivamente el sistema, creando espacios de encuentro y avanzando a un sistema más integrado, articulado inteligentemente, con eficiente uso de los recursos, en muchas ocasiones con compromisos y análisis éticos, que hoy definitivamente están siendo muy poco tenidos en cuenta.
Por supuesto que para eso deberá existir el consenso de todos los actores del sistema, pero
fundamentalmente se necesitaría un verdadero poder de rectoría en las autoridades
nacionales, con la suficiente decisión política y credibilidad para iniciar un proceso de cambios que trasciendan los tiempos y las administraciones.
Finalmente, la evidencia muestra que Argentina no tiene un plan para salir de esta situación crítica, que el sistema está desfinanciado, pero que no se soluciona solamente con más ingresos, dado que el modelo adquirió la lógica que todo nuevo ingreso ya está previamente gastado. Si no se resuelven los problemas de ineficiencia y sustentabilidad con costos razonables, el sistema no es sostenible, y necesariamente ello tendrá consecuencias nefastas para todos los actores y fundamentalmente, perjudicando aún más el acceso a la salud de la gente.
