En medio del concurso preventivo de acreedores, la reconfiguración de su negocio industrial y una prolongada crisis financiera, la Justicia federal resolvió procesar a dos expresidentes de Sancor Cooperativas Unidas Limitada por el delito de apropiación indebida de aportes al sistema de la seguridad social. La decisión suma un nuevo frente judicial a la compleja situación de la histórica láctea, que intenta sostener su operatoria mientras redefine su futuro.
La resolución alcanzó a José Pablo Gastaldi, presidente del Consejo de Administración entre febrero de 2020 y octubre de 2022, y a Alberto Eduardo Sánchez, quien lo sucedió en el cargo. Ambos fueron procesados en una causa que investiga la retención de aportes previsionales descontados a los trabajadores y no ingresados en tiempo y forma, conforme al Régimen Penal Tributario.
El fallo se conoció este lunes, cuando la cooperativa transita la primera etapa del concurso, iniciado en febrero ante un juzgado comercial de Rafaela, y mantiene sus plantas activas mediante acuerdos de producción a fazón con otras empresas del sector.
Qué investigó la fiscalía y por qué se dictó el procesamiento
Según el expediente, la fiscalía consideró acreditada la materialidad de los hechos y la responsabilidad penal de ambos ex directivos, en su condición de máximas autoridades y agentes de retención de los aportes laborales.
En el caso de Gastaldi, la imputación comprende distintos períodos entre 2020 y 2021, mientras que a Sánchez se le atribuyen hechos posteriores, en una etapa de mayor deterioro económico de la empresa.
La acusación refiere a una suma que supera los $1.600 millones, monto que, de acuerdo con el gremio, se incrementa al actualizarse. Tras conocerse la resolución, desde Atilra celebraron el avance judicial y calificaron la decisión como “alentadora”, al sostener que la apropiación indebida de fondos de los trabajadores impacta directamente en la situación actual de la empresa.
El sindicato advirtió además que evalúa ampliar la denuncia penal, al considerar que la maniobra, “agravada, persiste en la actualidad”. La fiscalía no solicitó la detención de los imputados y dispuso medidas cautelares de menor alcance, como la obligación de informar cambios de domicilio, al valorar la ausencia de antecedentes penales.
Crisis, concurso y una operatoria bajo presión
El procesamiento se inscribe en una crisis que Sancor arrastra desde hace años, profundizada entre 2023 y 2024 con bloqueos sindicales, paradas productivas, cierres temporales de plantas y atrasos salariales. A comienzos de 2025, el deterioro quedó formalmente expuesto con la presentación en concurso preventivo, aprobada por unanimidad por los socios.
Desde entonces, la cooperativa reconfiguró su esquema operativo. Si bien ya no procesa volúmenes significativos de leche propia, logró reactivar capacidad instalada mediante acuerdos con terceros, lo que le permite mantener seis plantas en funcionamiento, con niveles de ocupación cercanos al 75%, y procesar entre 550.000 y 600.000 litros diarios.
En paralelo, los salarios se abonan en tramos semanales, bajo un esquema acordado con el sindicato, con una mejora relativa frente a los momentos más críticos, aunque la situación laboral continúa siendo frágil.
Desde Atilra, su secretario general Héctor “Etín” Ponce advirtió que el avance judicial no cierra el conflicto y aseguró que el gremio seguirá buscando alternativas para preservar los puestos de trabajo, incluso ante una eventual liquidación.
Así, mientras Sancor intenta estabilizar su actividad y ordenar su situación financiera bajo el paraguas del concurso, el avance de la causa penal contra ex autoridades suma presión a un proceso atravesado por años de conflictos y una disputa de fondo sobre el destino de una de las marcas más emblemáticas de la industria láctea argentina.
