La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) elevó un pedido formal al ministro de Economía, Luis Caputo, para que instruya a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a reducir los montos de las multas establecidas en la recientemente sancionada Ley de Inocencia Fiscal. Según la entidad, las sanciones resultan desproporcionadas para el sector pyme y pueden afectar seriamente su viabilidad económica.
La solicitud fue presentada mediante una carta oficial en la que CAME reclamó el dictado de normas complementarias que morigeren la incidencia de las multas, ajustando los importes a la capacidad económica de los contribuyentes y evitando sanciones que comprometan la continuidad de las empresas de menor tamaño.
En ese marco, la entidad presidida por Ricardo Diab propuso un esquema de reducción porcentual escalonado según el tamaño del contribuyente:
- Microempresas y personas humanas no grandes contribuyentes: reducción del 90%.
- Pequeñas empresas: reducción del 70%.
- Mediana Empresa Tramo I: reducción del 40%.
- Mediana Empresa Tramo II: reducción del 20%.
Se trata del segundo pedido formal de CAME sobre esta cuestión. En diciembre de 2025, la organización ya había advertido al Gobierno sobre el impacto económico negativo que podrían generar las sanciones previstas en la normativa.
La Ley de Inocencia Fiscal, aprobada recientemente por el Congreso, introdujo cambios relevantes en el régimen sancionatorio tributario y reforzó los sistemas de control y declaración. Entre otros puntos, estableció aumentos muy significativos en las multas por incumplimientos formales, como la presentación fuera de término de declaraciones juradas.
De acuerdo con análisis sectoriales, algunas sanciones se incrementaron hasta 1.100 veces respecto de los valores anteriores. Multas que antes rondaban los $200 para personas humanas podrían alcanzar los $220.000, mientras que en el caso de las personas jurídicas pasaron de alrededor de $400 a $440.000 por faltas similares.
Además, la ley modificó el régimen penal tributario (Ley 24.769) y el régimen de procedimientos fiscales (Ley 11.683), e incorporó un régimen simplificado de declaración jurada y un régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias para quienes adhieran, con exenciones de ciertos controles patrimoniales y de consumo, aunque con un tope patrimonial elevado para acceder.
Para CAME, el aumento de las sanciones puede derivar en un “estrangulamiento financiero” de las empresas más chicas, que muchas veces no cuentan con estructura administrativa ni recursos especializados para cumplir con plazos y exigencias complejas. La entidad advierte que multas desproporcionadas pueden desalentar la actividad económica y profundizar la vulnerabilidad de un sector clave para el empleo y la producción.
El reclamo se inscribe en un debate más amplio sobre la carga de cumplimiento tributario en Argentina, en un contexto en el que el Gobierno busca endurecer los controles fiscales, pero enfrenta el desafío de hacerlo sin asfixiar al entramado productivo pyme, central para la economía nacional.
