Según considera el documento enviado a los legisladores, la incorporación de estos principios implica consagrar con rango constitucional a la planificación integral del territorio santafesino, contribuyendo al cuidado del ambiente, la mejora de la capacidad productiva, la equidad socio-espacial, la preservación del patrimonio natural y cultural, y la calidad paisajística, en línea con lo establecido en el Artículo 41 de la Constitución Nacional.
A fin del año pasado, la iniciativa para incluir algún artículo relacionado con la planificación de las ciudades llegó a la Legislatura santafesina y se incorporó a la ley que ordenó la Reforma Constitucional en la provincia. De prosperar el debate y contar con el visto bueno de los convencionales constituyentes, la nueva Carta Magna provincial contará con una serie de artículos orientadores en materia de ordenamiento territorial y del hábitat.
Desde el Colegio de Arquitectos y las universidades piden que la nueva Constitución santafesina incorpore un artículo sobre ordenamiento del territorio.
La propuesta surgió entre las autoridades del Colegio de Arquitectos de la provincia, de las facultades de Arquitectura de las universidades nacionales de Rosario, Santa Fe y la Universidad Católica de Santa Fe, el Centro Universitario Rosario de Investigaciones Urbanas y Regionales (UNR/Conicet) y referentes académicos y científicos del ámbito del urbanismo.
Aportes de los arquitectos
El documento elaborado por las instituciones y especialistas en arquitectura y urbanismo que llegó a la Legislatura se denomina «Aportes para una gestión equilibrada del territorio» y destaca la necesidad de plantear esta problemática en el debate de la nueva constitución provincial. Según remarca, es necesario abordar la organización de las localidades dentro de una concepción territorial mucho más amplia, como áreas metropolitanas, regiones homogéneas, y promoviendo la cooperación entre diferentes localidades priorizando cuestiones esenciales como las estructuras básicas, la movilidad, la disposición de residuos y la preservación patrimonial, «por sobre las decisiones unilaterales de las localidades cuyo alcance se limite a su propio ejido». En este sentido, considera que la autonomía municipal, debe estar subordinada a decisiones que privilegien lo colectivo en relación a un territorio que incluye varias jurisdicciones por sobre las que quedan circunscriptas al ejido de cada localidad.
Tema de interés público
En estos días se difundió masivamente un informe de la Fundación Tejido Urbano, donde se analiza que sólo durante 2024, el Gran Rosario incrementó su superficie urbana un 1,19 %. Hay 3,6 kilómetros de nuevos desarrollos urbanísticos, loteo de terrenos rurales y apertura de calles, lo que equivale casi tres veces a la extensión del parque Independencia. El dato llamó la atención de especialistas que advirtieron sobre el impacto económico, ambiental y fiscal de esta expansión.
El crecimiento experimentado por las urbanizaciones en las grandes ciudades del país se convirtió en un tema de interés público. El Gran Rosario se ubicó entre los cinco aglomerados que más superficie urbana sumaron en el país durante este último tiempo. El fenómeno está asociado al crecimiento de los barrios privados hacia el oeste y el sur de la ciudad, en las localidades de Funes, Roldán, Alvear, Pueblo Esther o hacia el norte, como Puerto General San Martín, por ejemplo.
Son municipios que experimentan una expansión fuerte, extendiéndose por la urbanización de zonas rurales que se van ocupando por sectores medios de la población y el interés de los desarrolladores por la gran diferencia de valor que existe entre el suelo rural y el urbano, explica el informe.
La problemática que acompaña los procesos de extensión del territorio, acarrea consecuencias tanto económicas como ambientales, sociales y de provisión de servicios. «La extensión del territorio es muy costosa en términos de infraestructura y de servicios. No es lo mismo extender el asfalto y las cloacas para dos mil personas que para doscientas, lo mismo pasa con los servicios públicos como el colectivo, las escuelas o los centros de salud», y se advierte sobre la necesidad de un mayor control de estas urbanizaciones.
