Luis Secco: “Algunos diputados en defensa del proyecto argumentaron que se trataba de una cifra ínfima, sin embargo, no es así”

Según el economista el costo fiscal de la iniciativa, sería de 0.4% del PBI, equivalente al 46,5% de lo que el gobierno esperaba recaudar de la reversión del impuesto a las ganancias a las personas humanas

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El presidente Javier Milei (alias Terminator) acaba de contarnos que le encanta su tarea de destruir el Estado desde adentro. Lo que puede ser visto como una más de sus excentricidades discursivas, nos produce una inquietante incomodidad. Sus dichos revelan que lo primero que tiene en mente el Presidente no pasa por mejorar la implementación de las políticas públicas. Es probable que Milei no quiera destruir por completo el Estado, pero está claro que el Estado que hoy tenemos no es el mismo que le gustaría ver a Milei al final de su mandato. Mientras tanto, debería aceptarlo y dedicarle algo más de tiempo a ver qué puede hacer para mejorar la gestión de éste. Por cierto, su programa de gobierno incluye una reforma del Estado. Pero reformarlo es muy distinto a destruirlo. Además, está claro que hay problemas de gestión de las políticas públicas, en un Estado que se volvió elefantiásico con una multiplicidad de funciones y fines imposibles de administrar.

En los últimos días, al Gobierno le hicieron algunos goles. Algunos fueron en contra y otros se los dejó hacer. Pero por primera vez se lo vio sin capacidad para fijar la agenda. A pesar de la verborragia mediática del Presidente, de sus viajes y sus encuentros con figuras globales, la agenda se llenó de dificultades para gestionar algunas cuestiones sencillas como el reparto de alimentos con destino a comedores comunitarios, u otras más delicadas como el aprovisionamiento a contrarreloj de gas y la negociación, también acelerada, de los vencimientos del swap con China. Cuestiones que parecen explotarle en las manos al Ejecutivo, como si no pudiera actuar con antelación y de manera proactiva. Para colmo de males, la palabra corrupción sonó cerca del entorno presidencial en el marco de la confusión que genera la participación de personajes relativamente oscuros en la gestión, en este caso, de un área muy sensible como lo son las políticas de asistencia alimentaria. Mientras tanto, los avatares parlamentarios siguieron a la hora del día. Mientras en el Senado los proyectos de ley Bases y de Medidas Fiscales Paliativas esperan por ser tratados en el recinto (por ahora sin fecha), Diputados se despachó aprobando un proyecto de movilidad previsional que no cuenta con la aprobación del Gobierno. El presidente Milei anunció con vehemencia que el proyecto será vetado una vez que se apruebe por el Senado, pero los procedimientos constitucionales podrían impedirle hacerlo (dado que fue aprobado por una mayoría superior a los 2/3, lo cual le permitiría a la Cámara insistir con su sanción sin que el Presidente pueda volver a vetarlo). 

El costo fiscal de la iniciativa, según cálculos del Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) sería de 0.4% del PBI. Algunos diputados en defensa del proyecto argumentaron que se trataba de una cifra ínfima, tratándose de que el objetivo es mejorar la situación de los adultos mayores. Sin embargo, la cifra no es ínfima, todo lo contrario. Tal como puede verse en la tabla, 0.4% del PBI es lo que esperaba recaudar el Gobierno de la reversión del impuesto a las ganancias a las personas humanas cuando presentó su programa a fines de 2023. Ahora esa cifra se redujo a la mitad. Así que estamos hablando de dos veces la reversión de ganancias; o, alternativamente, el 0.4% equivale al 46.5% de lo que el Gobierno espera recaudar producto de la ley de Medidas Fiscales Paliativas. 

 

 

CUADRO 1

Pero más allá de esta muestra adicional de la irresponsabilidad fiscal de los legisladores (la iniciativa seguramente será aprobada en el Senado) el debate (escaso, por cierto) volvió a concentrarse en el cortísimo plazo, dejando por completo de lado cualquier consideración que haga a dos temas centrales: – Cómo se asignan los recursos en condiciones de escasez (cuando “no hay plata”); y cuál debería ser el régimen previsional de largo plazo que resultaría financiable o sustentable en nuestro país? En cuanto al primer interrogante, la clave pasa por fijar prioridades. 

El presupuesto es donde se establecen esas prioridades. Lamentablemente, la discusión parlamentaria de en qué se gasta es usualmente bastante pobre. Y aparte este año no se aprobó ninguno. Por ejemplo, se habla mucho del gasto en jubilaciones y pensiones, del bienestar de los adultos mayores. Sin embargo, no se pone igual énfasis en qué hacer o cómo mejorar el bienestar presente y futuro (sobre todo) de los más jóvenes. Tal como puede verse en la tabla, el 58.4% de los menores de 14 años son pobres, mientras que el 17.6% de los mayores de 65 años lo son. Además,de cada 100 pobres, solo 5 tienen más de 65 años, 32 tienen menos de 14 años, 25 entre 15 y 29 años y 38 tienen entre 30 y 64 años. Que solo el 5% de los pobres sea mayor a 65 años puede resultar sorprendente.  Pero tal vez no lo sea si se tiene en cuenta que la expectativa de los pobres es menor.  

 

CUADRO 2


La pobreza viene asociada a problemas de maduración de y de enfermedades tempranas entre otros factores que reducen la cantidad de pobres que superan los 65 años de edad. El incremento de la pobreza en los segmentos en edad de trabajar, sumada a la prevalencia de la pobreza entre los más jóvenes lleva ya varios años y deben ser abordados desde óptica estructural que incluya no sólo la seguridad social,al final del ciclo de vida, sino,sobretodo, el gasto en salud y en educación temprana. En cuanto al régimen previsional de largo plazo, es curioso que quienes apoyaron la contrarreforma previsional que terminó con el régimen privado de capitalización en 2008, que no son otros que los que aprobaron innumerables regímenes especiales y moratorias, por los cuales se jubilan la mayoría de los argentinos ya sea con menos años de vida y de aportes o directamente sin aportes), sean los mismos que cuestionan el actual régimen por sus magras prestaciones.

Como si lo que ellos promovieron no sean la causa de ese régimen intrínsecamente quebrado. 

Argentina se había anticipado, como lo hizo Chile, en la solución de uno de los desafíos más acuciantes que enfrentan los estados modernos que es el sostenimiento de sus sistemas de seguridad social jaqueados por el envejecimiento poblacional. El cual se agrava año tras año como resultado del aumento de la expectativa de vida y de la caída de las tasas de natalidad. Dos fenómenos de los que Argentina no está exenta y que debería intentar abordar cuanto antes.



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