Este lunes, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial una resolución que desregula el transporte de larga y media distancia, generando un fuerte descontento entre los empresarios del sector. Estos manifestaron que la medida podría «precarizar» en lugar de fortalecer el sistema.
La nueva normativa deroga el decreto 958/1992 y busca «liberar y desregular» el sistema de transporte automotor. Entre los cambios, se permite a las empresas y transportistas fijar libremente precios, horarios, recorridos y duración de los servicios.
Se ha eliminado la obligación de cumplir con un tarifario máximo, lo que permite a las compañías establecer los precios de los pasajes sin restricciones.
Además, los vehículos tienen la libertad de iniciar o finalizar viajes y hacer paradas en cualquier terminal. Sin embargo, se mantienen las exigencias de seguridad que ya estaban establecidas en la normativa anterior.
Otro aspecto relevante es la creación del Registro Nacional del Transporte de Pasajeros, que ahora es de acceso público, gratuito y en línea.
En este registro, las empresas deberán detallar la capacidad de transporte, el tipo de vehículo, la cantidad de asientos, los seguros contratados, la nómina de conductores y la información sobre sus licencias de conducir, así como la periodicidad de los servicios y los destinos de los viajes.
Las empresas que ya estaban registradas no necesitan volver a hacerlo, aunque las nuevas deberán inscribirse para obtener automáticamente la habilitación para operar después de cinco días.
Los representantes del sector señalaron que «lo más importante es que se elimina el servicio público de larga distancia», reemplazándolo por un registro simple de proveedores de transporte.
Si bien algunos aspectos podrían resultar positivos para las empresas, la eliminación de la obligatoriedad de prestar servicios y de la regularidad genera incertidumbre. Ahora, las empresas tienen el control total sobre sus destinos, métodos de operación y tarifas.
En cuanto a los precios de los boletos, la eliminación de la tarifa máxima significa que «ahora dependerá del mercado o de la percepción de la empresa sobre lo que considera un precio justo». Esto deja en el aire la pregunta de si estos cambios beneficiarán a los pasajeros o no.
