Bacar es la primera empresa de seguridad privada de Córdoba que comenzará a equipar a sus vigiladores que custodian centros comerciales, hospitales y barrios privados, entre otros puntos, con armas de menor letalidad, similares a las que ya utiliza la Policía.
La empresa de seguridad propiedad de la familia Barrera ya contaba con personal habilitado para portar armas de fuego: los transportistas de caudales que custodian blindados. En este caso, avanzará en la provisión a un grupo todavía pequeño de vigiladores de armas no letales marca Byrna, la misma que tiene la Policía.
“Desde el Gobierno de Córdoba promovemos la incorporación de los prestadores privados, pero bajo una nueva normativa que es clara, que implica que cada empresa esté debidamente registrada, que empleados y vigiladores también estén en regla, y con un organismo que controla y eventualmente sancionar, que es la dirección de Seguridad Privada. Instruí al director del área con el objetivo de que el año próximo esté habilitado un total de 10 mil vigiladores”, anticipó el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros.
Guillermo Echevarría, instructor capacitador de Bacar, confió que los primeros 18 vigiladores privados de esa empresa ya completaron la capacitación interna con asistencia de expertos de Byrna y se presentó la solicitud al Ministerio de Seguridad para conseguir un turno para hacer el curso obligatorio en el Centro de Entrenamiento Permanente de la Policía de Córdoba, el único habilitado para certificar a un usuario para que pueda usar un arma de menor letalidad.
“En todas las situaciones, preferimos que siga prevaleciendo la verbalización, tratar de llevar todo conflicto a que no se generen situaciones lesivas. Pero, en casos en los que una persona exaltada se convierte en una amenaza, cuando en una situación de violencia alguien aparece con una botella o un palo, o toca lidiar con un animal peligroso, la mano vacía puede ser poco y otro elemento es demasiado, y es para esto para lo que se piensa usar este recurso, que tiene un nivel de mortandad cero y causa un efecto suficiente con el impacto para neutralizar el riesgo”, explicó el capacitador privado.
La empresa privada ya presentó los papeles, que incluyen constancias de exámenes psicofísicos de los 18 vigiladores (14 varones y cuatro mujeres) que quiere habilitar. Luego de aprobar el curso policial, pueden comenzar a usar las Byrna. A diferencia de los guardias urbanos de la ciudad de Córdoba, Villa María y San Francisco, que ya completaron ese curso en la Policía, las armas ya están disponibles. Para los municipios, está avanzado el proceso de compra, puesto que todas las Byrna que tiene Córdoba (hay unas 15 mil armas) están en manos de la Policía.
El secretario general del gremio de los vigiladores, Gustavo Pedrocca, había ya adelantado el respaldo al uso de armas no letales como un medio para “profesionalizar” la labor de los guardias, quienes sólo cuentan con la posibilidad de comunicarse con el 911 en situaciones de peligro.
Derivaciones de la Ley de Seguridad
Las empresas de seguridad privada fueron habilitadas a equipar a sus vigiladores con armas de menor letalidad por la nueva Ley de Seguridad provincial, aprobada al iniciar el año legislativo en Córdoba. La ley exige que se respeten los protocolos de uso de armas menos letales para el personal de las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada, establecidos por el Ministerio de Seguridad, y que las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada que soliciten autorización para el uso de armas menos letales deben estar legalmente constituidas. La ley obliga también a que la capacitación y la certificación para el uso de armas menos letales se deban renovar anualmente.
Por indicación de la ley, el personal de las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada autorizadas para el uso de armas menos letales debe estar identificado.
“En su espíritu, la nueva Ley de Seguridad resguarda la decisión política de integrar la seguridad privada al sistema de seguridad pública de Córdoba. Hay experiencia internacional que demuestra que integrando al sector privado se pueden optimizar recursos. Existen muchas actividades o demandas puntuales de la ciudadanía que pueden ser absorbidas por la seguridad privada, lo que permite que nuestra fuerza policial esté haciendo lo que debe hacer, que es cuidar de cada cordobés, en el marco de una estrategia de prevención y combate al delito, urbana y rural, que se define desde la Jefatura de Policía”, amplió Quinteros
Según datos del Ministerio de Seguridad provincial, se hicieron 1.500 procedimientos en lo que va del año con armas de letalidad reducida y hubo 1.106 detenidos en situaciones en las que se empleó una Byrna.
La purga de empresas de seguridad privada
Una denuncia por presunta corrupción con dos empleados de planta del área de Seguridad Privada imputados llevó a una intervención que en la línea de base detectó que había 232 empresas operando, algunas con permisos vencidos y más de una docena de ellas con habilitaciones provisorias, algo que no existe como procedimiento administrativo y que sería producto de un supuesto pedido de coimas.
“A partir de la reglamentación de la ley 10.571 de prestadores de seguridad privada, conformamos un cuerpo de inspectores y, en lo que va del año, realizamos 160 inspecciones que resultaron en más de 100 infracciones notificadas, y con resoluciones de multas también notificadas. Además, pusimos a disposición de la ciudadanía un registro público digital, en el que cualquier ciudadano puede corroborar el estado de situación tanto de empresas proveedoras de seguridad privada como de vigiladores”, señaló Franco Fajardo, director de Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad.
Hasta este jueves, eran 103 las empresas habilitadas que tienen 3.074 vigiladores declarados y en regla. El número real, en una actividad con una fuerte informalidad laboral, es largamente superior.
